RA —La idea de sacar las cárceles de la órbita del MI, en el entendido de que la Policía está creada para perseguir y reprimir el delito, y no para rehabilitar a los que delinquen, ya tiene unos cuantos años; por ejemplo, en 1997, en el segundo gobierno de [Julio María] Sanguinetti, fue planteada por el extinto diputado [Daniel] Díaz Maynard, del Frente Amplio. ¿Por qué la levanta ahora el Partido Colorado?
GM —El Partido Colorado no la levanta ahora, la presentó el 18 de marzo de 2010, es decir, en la anterior legislatura. Cuando arrancaba la legislatura (arrancó el 15 de febrero de 2010) ya se presentó un proyecto en este sentido, no se trató en la anterior legislatura… El 15 de febrero de 2015, cuando empieza la legislatura actual, se vuelve a presentar el proyecto, con pequeñas adaptaciones…
EC —La pregunta podría ser por qué el Partido Colorado ahora, o en estos últimos años, propone una solución que en su momento el Frente Amplio, desde la oposición, le había propuesto a un gobierno colorado.
GM —Habría que preguntárselo a los legisladores de la época, por qué no impulsaron o no insistieron con esto. Yo lo que recapitulo es lo que ha ocurrido. Desde 1934 hasta enero de 1971, el sistema carcelario o penitenciario estaba en la órbita del MEC.
EC —Eso es bueno recordarlo, no sé si la gente lo tiene presente. Claro, estamos hablando del pasado. En 1971 las cárceles dependían del MEC.
GM —De 1934 a 1971. Y cuando pasaron [al MI] —por un decreto del Poder Ejecutivo de 1971— fue de forma transitoria, típico tema uruguayo, ¿no? Las cosas transitorias que se derivan en permanentes.
EC —Estamos hablando de una época, 1971, caracterizada por la violencia política, era un contexto muy particular.
GM —Por supuesto. ¿Qué es lo que recogen la doctrina, las recomendaciones de los organismos internacionales, las pericias comparadas (uno se fija qué pasa en Argentina, en Chile, en Brasil)? Creo que Uruguay, y si no me equivoco, Cuba, son los únicos países donde las cárceles están en la órbita, son una unidad ejecutora del MI o del Ministerio de Seguridad. En el resto de los países —mencionaba estos vecinos, Chile, Argentina, Brasil— están en un Ministerio que se llama de Justicia o de Justicia y Derechos Humanos. Todas las recomendaciones, todas las comisiones que se han ido creando a lo largo del tiempo —en la Ley de Presupuesto, la 18.719, la ley de 1999…— hay varias en las cuales se crean comisiones para analizar el tema carcelario. Todas coinciden en lo mismo: que las cárceles deben sacarse del MI. Esto no quiere decir que pasen al MEC. Lo que dicen todas las comisiones —al igual que la doctrina y lo que se ve en derecho comparado— es que hay que crear un organismo descentralizado. Ya existen, en Uruguay, infinidad de organismos descentralizados. Está la Administración de los Servicios de Salud del Estado, la Administración Nacional de Puertos, OSE, el Correo, el propio Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay, la Agencia Nacional de Vivienda, el Sodre, Antel… Y hace muy poquitito, y esto no le llamó la atención a nadie, se creó, a fines de diciembre del año pasado, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).
EC —Sucesor del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa).
GM —Sucesor del Sirpa que pasa a ser un servicio descentralizado, que es lo que nosotros, el Partido Colorado, estamos proponiendo, y que en este caso se relaciona con el Poder Ejecutivo. Todos los organismos descentralizados necesitan un ministerio por el cual relacionarse con el Poder Ejecutivo, para elevar, por ejemplo, su presupuesto, hacer planteos específicos al Poder Ejecutivo, elevar proyectos de ley para que el Ejecutivo los remita al Parlamento… En el caso del Inisa es a través del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). En este caso, en el proyecto que se presentó oportunamente, se entendió que era más adecuado que ese vínculo se diera a través del MEC. Quiere decir que, a diferencia de lo que ha informado la prensa, un poco apresurada, no es que las cárceles salen del MI para instalarse en el MEC, no es así; se crea un servicio descentralizado cuyo relacionamiento, sí, a es través de un ministerio, en este caso el MEC.
