RA —Profundicemos en los objetivos que tendría este instituto descentralizado según la propuesta del proyecto de ley que presentó el Partido Colorado. En el artículo 3 de su iniciativa se define cuáles son los objetivos de este instituto descentralizado, y allí figura: “Dirigir y coordinar el control de la seguridad de los establecimientos de reclusión de cárceles de carácter nacional y departamental; velar por la debida ejecución de las penas privativas de libertad y la detención; desarrollar programas de tratamiento penitenciario dirigidos a la resocialización y rehabilitación de la población reclusa; y la administración y mantenimiento de las sedes y establecimientos a su cargo". ¿Qué cambiaría sustancialmente respecto a lo que hoy hace el Instituto Nacional de Rehabilitación?
GM —Creo que los artículos 3, 4 y 12 son los más importantes o los más destacados del proyecto. El 3, que tiene que ver con los objetivos generales, el 4, que tiene que ver con los cometidos, donde se empieza a detallar de forma enumerativa esos planes y programas para la gestión carcelaria, el cumplimiento de la ley penitenciaria… Creemos que le va a dar más pragmatismo, mejor gestión, y, en definitiva, en lo que tiene que ver con el cuerpo de custodia y vigilancia, que es un tema no menor, por cuanto se crea más adelante en el artículo 11 o 12, no recuerdo…
RA —En el 12, concretamente.
GM —… un cuerpo de carácter civil donde se prevé también una escuela de formación que va a ocuparse de la capacitación de ese personal para lo que es la custodia interna de los establecimientos carcelarios, mientras que la custodia externa sigue bajo la competencia o del Ministerio de Defensa, como es actualmente, o combinar los ministerios de Defensa y del Interior, en lo que tiene que ver con fugas, controles de ingreso, etcétera. Pero creemos que esa conformación de un personal de custodia y de rehabilitación que sea por parte de personal civil, como ocurre en otras partes del mundo, es un puntapié inicial para profundizar la resocialización y rehabilitación de las personas que están privadas de libertad por delitos que han cometido.
RA —Pero entonces tendría dos tipos de formaciones diferentes, una dedicada a la seguridad como tal y otra a la rehabilitación.
GM —Exactamente.
RA —¿Y qué diferencia tiene con lo que hacen los operadores penitenciarios hoy en día?
GM —Sería muy similar, pero estaríamos extendiendo estos operadores penitenciarios —llámense custodia o personas dedicadas a la rehabilitación, el título que se les quiera poner— a nivel nacional; hoy están funcionando solamente en aquellos establecimientos que han ido, lentamente, pasando a la órbita del Instituto Nacional de Rehabilitación. Incluso, son pocos los que cuentan con la cantidad de operadores necesaria para lo que es el nivel de la población reclusa.
EC —¿Qué pasaría con los funcionarios del MI que hoy se ocupan de esas tareas?
GM —Hay algunas de las normas previstas en el proyecto, como todo proyecto que pasa un instituto de un lugar hacia otro, [que establecen] la posibilidad de que migren —respetando ciertas condiciones laborales, por supuesto— hacia el nuevo organismo de forma voluntaria, o, de lo contrario, permanecerán en el MI y serán abocados a otras funciones dentro del MI en la medida de que tienen la calidad de funcionarios policiales. Pero quería recalcar que es importante la creación del servicio descentralizado porque le da mucha más flexibilidad para una cantidad de cosas; instituir programas laborales, celebrar convenios con particulares… toda la parte de fusionar, suprimir establecimientos, diseñar programas, todo eso se hace mucho más ágil cuando, en vez de tener la estructura burocrática de un ministerio, es a través de un directorio, de un gerente, que van a operar seguramente de manera mucho más ágil y le van a dar un perfil a ese servicio que se procura que se cree.
RA —Concretamente en cuanto a la rehabilitación, que como usted bien decía es otro aspecto que se cuestiona hoy en día en el sistema carcelario; ¿qué diferencia tendría con lo que se hace hoy en día en las cárceles?
GM —El trabajo de los reclusos remunerado, organizado y con criterios pedagógicos y psicotécnicos debe ser una de las exigencias primordiales a promover, a mantener, incluso a perfeccionar; y creemos que un organismo de estas características va a ser el formativo, el que va a generar mayores fundamentos para poder desarrollar esos programas que tienen que ver con rehabilitación y resocialización de los reclusos, para que una vez que retomen la libertad puedan insertarse normalmente en la sociedad y no recaigan en el delito.
EC —¿Cuánto dependerá ese tipo de servicios del presupuesto que efectivamente se asigne? ¿Es una cuestión de dinero, esto?
GM —Todo siempre es una cuestión de dinero… Indudablemente va a ir de la mano del presupuesto, lo vivimos hoy con lo que ha sido la posible puesta en práctica del nuevo Código de Procedimiento Penal; se ha venido postergando en el tiempo y las razones no son que la legislación no esté pronta, sino que son meramente presupuestales. Por suerte ahora el Poder Ejecutivo, en la nueva Rendición de Cuentas, manda los fondos para que ese Código se ponga en funcionamiento a partir de julio del año próximo. Acá va a ocurrir exactamente lo mismo; hay que asignarle el presupuesto correspondiente pues habrá que haber una transferencia; los gastos que hoy están teniendo las cárceles dentro del MI, está previsto en el articulado que pase ese presupuesto, ya que el MI no lo va a ejecutar más, a este nuevo servicio descentralizado, pero seguramente hay que reforzar el presupuesto, porque la rehabilitación, al igual que el tener a las personas privadas de libertad, implica un presupuesto importante.
