Hay decisiones políticas que un país puede postergar y otras que, por sus
consecuencias, exigen una definición clara. Entre estas últimas se encuentra
la forma en que Uruguay enfrenta los conflictos que paralizan actividades
estratégicas, especialmente cuando afectan productos perecederos y
generan daños que después nadie puede reparar.
Resulta difícil comprender que, en un país que necesita producir, exportar y
generar divisas, una carga de fruta pueda quedar detenida por una
paralización portuaria hasta perder calidad, llegar fuera de fecha a destino
o, directamente, perder su valor comercial.
La producción frutícola tiene una particularidad que no admite demasiadas
discusiones: la fruta no espera.
Detrás de cada embarque hay un año entero de trabajo. Hay productores
que invirtieron en poda, fertilización, tratamientos sanitarios, riego, cosecha
y acondicionamiento. Hay trabajadores rurales que cosechan a mano. Hay
empresas de transporte, plantas de empaque, técnicos, proveedores,
exportadores y cientos de familias vinculadas directa o indirectamente a la
actividad.
Cuando una fruta está pronta para cosecharse y exportarse, existe una
ventana comercial determinada. No puede almacenarse indefinidamente
esperando que se resuelva un conflicto. Cada día de demora puede
significar pérdida de firmeza, deterioro de calidad, mayores costos, rechazo
de mercadería o incumplimientos frente a clientes internacionales.
Y entonces aparece una pregunta que pocas veces tiene respuesta: ¿quién
se hace cargo del perjuicio?
¿Quién responde ante el productor pequeño o mediano que comprometió
buena parte de su capital en una cosecha anual?
¿Quién responde ante el trabajador rural que necesita que esa producción
continúe moviéndose para conservar su fuente de trabajo?
¿Quién responde cuando un exportador pierde un cliente porque la
mercadería llegó tarde o en condiciones inferiores a las comprometidas?
¿Y quién cuantifica el daño para el país cuando un comprador internacional
decide sustituir la fruta uruguaya por la de otro origen que le ofrece mayor
previsibilidad?
El derecho de los trabajadores a organizarse y adoptar medidas sindicales
forma parte de nuestro sistema democrático y debe ser respetado. Pero
reconocer ese derecho no debería impedir una discusión igualmente
necesaria: qué mecanismos debe tener un país para evitar que un
conflicto sectorial provoque daños irreversibles sobre terceros
completamente ajenos a ese conflicto.
No se trata de enfrentar trabajadores contra productores. Esa sería una
simplificación equivocada. Los trabajadores rurales también son
trabajadores. Los empleados de los empaques también lo son. Los
camioneros, los operarios vinculados a la logística y muchas otras personas
dependen de que la cadena productiva continúe funcionando.
Por eso, cuando una medida paraliza la salida de productos perecederos, las
consecuencias trascienden largamente a las partes directamente
involucradas.
Uruguay ya tiene suficientes problemas de competitividad. Estamos lejos de
nuestros principales mercados, tenemos costos logísticos importantes y
competimos con países que muchas veces producen a menores costos o
están geográficamente mejor posicionados.
A eso se suma una característica inevitable de la producción agropecuaria:
dependemos del clima.
Sequías, lluvias excesivas, heladas, granizo o tormentas pueden
comprometer en pocas horas el trabajo de todo un año. Sobre esos factores
tenemos una capacidad limitada de intervención.
Pero hay otros problemas que sí dependen de nosotros.
La confiabilidad logística, la continuidad de los servicios esenciales para el
comercio exterior, las reglas de funcionamiento de nuestros puertos y los
mecanismos para gestionar conflictos sin destruir producción son
cuestiones que un país puede y debe resolver.
Porque competir en el mundo no significa solamente producir una buena
naranja, una buena mandarina, carne, arroz, soja o cualquier otro producto
exportable. También significa poder garantizarle al comprador que esa
mercadería llegará en el momento acordado y en las condiciones
prometidas.
La reputación de un país exportador se construye durante décadas y puede
deteriorarse rápidamente cuando la incertidumbre pasa a formar parte
habitual del negocio.
Uruguay necesita discutir seriamente estas cuestiones, sin consignas fáciles
y sin convertir cada planteo en una confrontación ideológica.
Debemos proteger derechos laborales, pero también proteger el trabajo de
quienes producen. Debemos permitir la negociación colectiva, pero también
garantizar que determinados conflictos no destruyan bienes perecederos ni
comprometan mercados construidos durante años.
Porque un país no puede controlar el clima ni los precios internacionales.
Pero sí puede decidir cómo organiza su producción, su logística y sus
relaciones laborales.
Si no somos capaces de tomar esas decisiones y seguimos dejando que los
acontecimientos definan nuestro rumbo, continuaremos avanzando como
una balsa en el río: sin dirección propia, esperando simplemente que la
corriente decida hacia dónde llevarnos.
Ing. Agr. Martin Lanfranco
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