Noticias del lunes 25 de octubre de 2021

Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS

El PIT-CNT, el Frente Amplio y otras organizaciones sociales lanzaron ayer la campaña a favor del SÍ a la derogación parcial de la ley de urgente consideración (LUC). 

El acto se desarrolló en el Velódromo Municipal de Montevideo, donde la lectura de la proclama estuvo a cargo de la actriz Paola Larrama y el murguista Yamandú Cardozo.

A juicio de los promotores de la consulta popular, la LUC encierra un “claro objetivo desestatizador” y la “lógica del gatillo fácil”.

“Esta causa que nos convoca no es una cuestión de partidos políticos. Se nos preguntará si queremos anular 135 artículos de la LUC. Nuestra respuesta es sí. Porque va en contra de normas e instituciones, conquistas democráticas y sociales, forjadas por nuestros abuelos y abuelas, que han sido fundamentales para que en nuestro país se implementaran políticas públicas que contribuyeron a la afirmación de la democracia y las libertades, la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la protección de los sectores más vulnerados”.

Los artistas que leyeron la proclama concluyeron afirmando: “Hemos dicho y decimos que la LUC no es Uruguay, es ajena al Uruguay, y por eso, votaremos SI en el Referéndum”.

En la posición contraria, hubo varios actos en defensa de la LUC este fin de semana, entre ellos uno que compartieron el sábado diputados de los cinco partidos que integran la coalición de gobierno en un local de Cabildo Abierto en Carrasco. 

Uno de los oradores, el legislador colorado Felipe Schipani, en diálogo con Canal 5, sostuvo que la ley ya generó efectos positivos.

“Nada de lo que se vaticinó que iba a ocurrir con la vigencia de la LUC por parte del Frente Amplio ha ocurrido. Los efectos de la LUC son positivos y están a la vista. Si ha habido una baja sustantiva de los delitos obedece a los cambios legislativos que introdujo la LUC, que le dio a la policía más herramientas para ser más eficiente en el combate al delito”.

La anfitriona del acto, la diputada de Cabildo Abierto Silvana Pérez Bonavita, dijo: “Es una necesidad moral de todos nosotros defender esta ley. Representa todos los motivos por los cuales votaron a la coalición multicolor”.

Según Pérez Bonavita, durante las gestiones del Frente Amplio (FA) la Policía “tenía poco respaldo”. “El delincuente tenía más derechos que el policía, eso lo venimos a cambiar. Hoy estamos para defender nuestros derechos, y la mejor manera de defenderla [la ley] es explicándola”, aseguró, porque a su entender ha habido “campaña de desinformación” por parte de la oposición, que “trata de ignorante al ciudadano”, dijo la legisladora cabildante.

Daniel Peña, diputado del Partido de la Gente, dijo a su turno: “Votamos por un cambio de gobierno, cambiar la realidad de la gente y eso hay que defenderlo. Volvemos a trabajar por la libertad de los uruguayos, por sentirnos libres, defender en las urnas lo que es el cambio de la realidad de la gente”.

Peña también también respaldó la LUC en relación a la ley de inclusión financiera porque, según dijo, “defendemos el bolsillo de los uruguayos porque apostamos a la libertad financiera”.

Iván Posada, diputado del Partido Independiente, dijo a favor de la ley urgente: “La LUC, si algo hace a lo que es la relación entre trabajadores, es ratificar lo que establece la OIT [Organización Internacional del Trabajo]”. 

Y el diputado nacionalista Álvaro Viviano expresó que la coalición multicolor debe “desmontar las mentiras” que la oposición “da en su defensa de derogar estos artículos”.

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) solicitó información a la Intendencia de Montevideo (IM) acerca de los 223 casos de desnutrición en niños y mujeres embarazadas que la comuna constató en sus policlínicas barriales.

El viernes, el director de Salud de Niñez y Adolescencia de ASSE, Ignacio Ascione, mantuvo una reunión con autoridades de la IM para interiorizarse acerca de los datos divulgados el jueves por el semanario Búsqueda. 

Ascione sostuvo que ASSE nunca fue informada de las cifras ni del programa que implementa la comuna para atender estos casos.

El jerarca añadió que ASSE se encuentra elaborando su propio reporte sobre el estado nutricional de niños y adolescentes a nivel país y llamó a mejorar la coordinación con la Intendencia capitalina.

“Estábamos en desconocimiento de esta estrategia. Nunca fue informada. Por eso pedimos la reunión, que fue cordial, obviamente. Hay que entender que hay una historia de nuestros usuarios vinculados a las intendencias que viene de hace muchos años, particularmente en Montevideo. Hay 24 policlínicas en las que se atienden usuarios que son nuestros. Esa coordinación existió siempre. Estas estrategias nuevas implican ajustar la coordinación que se tiene hace mucho tiempo”.

La detección de los 223 casos de desnutrición fue realizada a través del Plan ABC impulsado por la comuna capitalina, que dispone de un programa específico de apoyo alimentario para niños, embarazadas y mujeres en lactancia que presenten cuadros de malnutrición.

La intendenta Carolina Cosse explicó durante una charla organizada por la Universidad Católica el viernes 15, que hasta ahora no se conocía cuál era el estado de seguridad alimentaria de los niños de cero a tres años y las embarazadas que se atienden en las 23 policlínicas municipales de Montevideo.

La directora del departamento de Salud de la IM, Virginia Cardozo, explicó que la idea es “trabajar nutricionalmente con las familias para que cada vez vayan teniendo más herramientas para hacer una mejor elección de los alimentos, aprendiendo cuáles son los nutrientes críticos que afectan el desarrollo”, dijo Cardozo

El viernes, aquí En Perspectiva, Cardozo sostuvo que no hay registros de casos de desnutrición anteriores a la implementación del programa, por lo que no es posible determinar si la situación se agravó.  De todas formas Cardoso, sostuvo que además de los 223 casos ya constatados, siguen habiendo ingresos de niños y embarazadas con cuadros de desnutrición.

“No tenemos datos para atrás. ¿Para adelante qué podemos decir? ¿Cómo evoluciona la captación? Por ahora cada 15 días siguen entrando niños y embarazadas. El número va a ir creciendo.

INTERNACIONAL

En Israel, el gobierno resolvió la construcción de 1.355 nuevas viviendas para los colonos judíos en la ocupada Cisjordania, lo que fue inmediatamente rechazado por la Autoridad Palestina.

Estas nuevas casas se suman a las ya anunciadas en agosto por las autoridades, más de 2.000, que deberán recibir esta semana la luz verde definitiva del Ministerio de Defensa.

El primer ministro palestino, Mohamed Shtayyeh instó a todas las naciones del mundo, y a Estados Unidos en particular, a que "enfrenten" a Israel por la "agresión" que representa la construcción de estos asentamientos para el pueblo palestino. 

La Autoridad Palestina está atenta a la respuesta de la administración del presidente estadounidense Joe Biden, quien ha dicho oponerse a la construcción de colonias israelíes.

En cambio, el ministro de Construcción de Israel, Zeev Elkin, afirmó que "fortalecer la presencia judía (en Cisjordania) es esencial en la visión sionista".

En Turquía, el presidente, Recep Tayyip Erdogan, ordenó la expulsión de los embajadores de diez países, entre ellos los de Estados Unidos, Alemania y Francia, que pidieron la liberación del opositor Osman Kavala.

Erdogan acusó a los embajadores de "indecencia" y aseguró que "deberían conocer y comprender a Turquía". Además, aseguró que Kavala "es un agente de George Soros en Turquía".

En prisión preventiva desde hace cuatro años, Kavala, de 64 años y una figura importante de la oposición, es acusado desde 2013 por las autoridades turcas de querer desestabilizar a su país.

En un comunicado publicado la semana pasada, diez países pidieron "un arreglo justo y rápido" para su situación. Los firmantes fueron: Canadá, Francia, Finlandia, Dinamarca, Alemania, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia y Estados Unidos.

En Perú, la vicepresidenta, Dina Boluarte, fue imputada por la fiscalía por presunto lavado de activos, una acusación que, según ella, "no tiene pies ni cabeza".

La fiscalía investiga desde hace meses si existió financiamiento ilegal del partido que ganó las elecciones con Pedro Castillo como candidato, Perú Libre. Varios dirigentes del partido son acusados de haber conseguido fondos a través de un esquema de corrupción en la región de Junín, durante el gobierno de Vladimir Cerrón, secretario general del partido a nivel nacional.

En ese marco, se investiga la apertura de una cuenta bancaria, a fines del año pasado, por parte de Boluarte y otro dirigente. El objetivo declarado era reunir donaciones para asistir financieramente a Cerrón, investigado por corrupción. Sin embargo, un testigo colaborador dijo a Fiscalía que esa cuenta formaba parte del esquema de financiamiento ilegal y que las donaciones no eran genuinas. 

Boluarte aseguró que no cometió ningún delito y manifestó su confianza en la justicia, pero también dijo que espera que esta acusación no tenga un trasfondo político. En una entrevista que concedió anoche, también dijo que es la más interesada en que la investigación avance. 

A la fiscalía: soy la primera interesada en que se investigue este tema del lavado de activos. Toda mi vida ha sido totalmente transparente e idónea. Siempre caminaré con las manos limpias. De Dina Boluarte jamás encontrarán que se haya llevado un solo sol para su interés personal. De ninguna manera.

En Colombia, el gobierno prepara la extradición a Estados Unidos del jefe del Clan del Golfo, la mayor banda narco del país, conocido por el alias "Otoniel". 

El nombre real del capo es Dairo Antonio Úsuga y, según el gobierno, su banda es responsable de casi el 30% del total de las toneladas de coca que salen anualmente de Colombia. 

Otoniel fue arrestado el sábado en un megaoperativo en una zona selvática del noroeste de Colombia en el que murió un policía. En un homenaje a este último, el presidente, Iván Duque, celebró la detención: 

Este es el golpe más duro que se le ha propiciado al narcotráfico en este siglo en nuestro país. Este golpe es solamente comparable con la caída de Pablo Escobar en los años 90.

En Chile, las cifras de contagios de covid-19 vuelven a ser motivo de preocupación de las autoridades sanitarias por el leve repunte que se está registrando tres semanas después del levantamiento de gran parte de las restricciones. 

La pandemia, bajo control desde agosto, está generando un aumento importante en el número de nuevas infecciones, aunque no en el caso de internaciones en cuidados intensivos o fallecimientos. 

Este sábado el país registró por segundo día consecutivo más de 2.000 casos, algo que no pasaba desde julio, mientras la tasa de positividad se acerca al 3% después de estar durante semanas por debajo del 1,5%. 

El Ministerio de Salud advirtió el sábado que en los siete días previos se había producido, en promedio, un aumento de 35% en los diagnósticos positivos si se compara con la semana anterior. Si la comparación se hace con dos semanas atrás, el crecimiento trepa a 80%.

En Brasil, el presidente, Jair Bolsonaro, defendió su iniciativa de elevar las ayudas sociales y negó que la medida tenga como objetivo las elecciones de 2022, en las que buscará la reelección.

Bolsonaro asistió ayer junto a su ministro de Economía, Pablo Guedes, a una feria en Brasilia, después de varios días de rumores que indicaban que Guedes dejaría el Poder Ejecutivo.

 El ministro defendió al mandatario, diciendo que Bolsonaro "es un político popular" pero "no un populista" y rechazó que esta medida tenga un trasfondo electoral.

El gobierno enfrenta cuestionamientos por impulsar, a un año de las elecciones, un aumento en las ayudas sociales que implicaría superar el límite de responsabilidad fiscal previsto por la ley. 

El programa de ayudas que centra la polémica es el recién creado Auxilio Brasil, sucesor del popular Bolsa Familia de Luiz Inácio Lula da Silva. Actualmente se entrega un promedio de 192 reales a cada beneficiario y Bolsonaro se propone llevar la cifra a 400 reales mensuales hasta fines de 2022 y aumentar el número de beneficiarios. 

El gobierno confía en que una serie de reformas que están en el Congreso serán aprobadas y eso evitará superar el límite del gasto; sin embargo, analistas consideran que ese escenario es demasiado optimista. 

La situación inquietó al mercado y causó cuatro renuncias en el Ministerio de Economía al cierre de la semana pasada.

En Argentina, la violencia desatada en provincias patagónicas por los movimientos mapuches vuelve a ubicarse en el centro de la atención política. Y amenaza con causarle problemas adicionales al gobierno peronista en el tramo final de la campaña electoral.

Estas agrupaciones, en particular la denominada Resistencia Ancestral Mapuche, reivindican el derecho de propiedad sobre vastas extensiones de tierra patagónica en los cuales hoy se encuentran grandes estancias, parques nacionales y yacimientos petrolíferos. Y, como en el pasado, volvieron a recurrir a la protesta violenta, incluyendo el incendio intencional de residencias y oficinas públicas.

La situación se complicó a nivel político cuando la gobernadora de la provincia de Río Negro, Arabela Carreras, de un partido peronista independiente, solicitó el auxilio del gobierno federal con el envío de la gendarmería, al desbordarse la capacidad de la policía local.

Pero desde el gobierno respondieron que no es función del gobierno intervenir en ese conflicto. El ministro del interior, Aníbal Fernández, llegó a recordar la situación de la muerte accidental de Santiago Maldonado, ocurrida hace cuatro años durante el gobierno de Mauricio Macri, como forma de justificar la negativa al envío de fuerzas represivas.

Esto causó una polémica nacional, en la que la oposición acusó al gobierno de desconocer el mandato constitucional de asegurar el orden. Para peor, figuras afines al kirchnerismo no dudaron en manifestar su simpatía por la causa del movimiento mapuche.

La polémica política escaló a tal punto que el presidente Alberto Fernández se comunicó con la gobernadora para decirle que, aunque no tenía la obligación constitucional, igualmente haría un envío de fuerzas para ayudar a acotar las situaciones conflictivas. La medida no acalló las críticas de la oposición, que discrepan con el punto de vista del presidente sobre su obligación de asistencia a las provincias.

Ya el clima venía enrarecido porque la embajada argentina en Chile había intervenido en favor de Facundo Jones Huala, el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche, que fue extraditado al país trasandino, para ser juzgado por una causa de incendios de bosques nacionales.

Y los últimos acontecimientos dejaron al descubierto un nuevo flanco de conflicto interno en la coalición gobernante. Hay dirigentes peronistas que consideraron a los movimientos mapuches como terroristas, y se mostraron en contra de la tolerancia del gobierno.

Lo cierto es que esta situación no ha hecho más que aumentar la preocupación del peronismo sobre sus chances electorales, dado que en las provincias patagónicas, donde en los últimos años venía mostrando una hegemonía, se está registrando un fuerte avance de la oposición macrista.

EMERGENCIA SANITARIA

Después de cuatro días seguidos sin personas fallecidas con diagnóstico de SARS-CoV-2, durante el fin de semana hubo tres decesos: uno el viernes, otro el sábado y el tercero ayer, domingo; eran una mujer de 81 años en Montevideo; otra mujer de 86, también en Montevideo y un hombre de 73 años en Colonia.

La cantidad de pacientes cursando covid-19 es ahora 1.714, de los cuales 20 están en cuidados intensivos.

Los contagios nuevos detectados fueron 122 el viernes, que significó 2,6% de positividad en relación a los análisis efectuados; 139 el sábado (1,71% de positividad) y 119 ayer domingo (2,11% de positividad).

El nivel de riesgo de contagio a nivel nacional se redujo algo el sábado y el domingo, cuando el índice de Harvard se ubicó en 4,50 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos siete días.

Por departamentos, hay sólo seis en nivel de riesgo verde, el más bajo, es decir con índice inferior a 1.

Lavalleja pasó a ser el de indicador más alto de un día para el otro, ya que el sábado registraba 5,86 y el domingo saltó a 9,03. Le siguen Montevideo (6,77) y Colonia (6,07).

La vacunación contra covid-19 con al menos una dosis la ha recibido el 77,79% de la población; al menos dos dosis, el 73,74%; dos dosis más 15 días, el 73,27% y tres dosis, el 33,28%.

MÁS TITULARES DEL PANORAMA NACIONAL

Hoy habrá una reunión tripartita entre el sindicato, Katoen Natie y el Ministerio de Trabajo para destrabar la situación que impidió la semana pasada la firma de un preacuerdo en la Terminal Cuenca del Plata (TCP), la empresa especializada en la operativa de contenedores en el puerto de Montevideo.

El sindicato propuso firmar un acuerdo que excluya la cláusula de la discordia, que interpreta que garantiza 18 jornales asegurados a decenas de trabajadores que tienen más de cinco años de antigüedad.

Katoen Natie, en cambio, entiende que los 18 jornales le corresponden a un pequeño número de empleados. 

Para la discusión sobre ese punto específico, según La diaria, se plantea crear una comisión paralela.

En otra instancia en el Ministerio de Trabajo, el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) pedirá esta semana a esa cartera que dicte normas para que se les garantice cobrar 100% de su sueldo a los empleados de Montecon que sean enviados al seguro de paro a causa del nuevo reglamento de atraque de barcos con contenedores.

El nuevo reglamento, que comenzará a regir gradualmente desde el próximo mes, surgió del acuerdo hecho por el gobierno con la multinacional belga Katoen Natie, propietaria mayoritaria de la Terminal Cuenca del Plata.

La normativa vigente establece un pago para quienes ingresan al subsidio por desempleo, que va disminuyendo desde 66% el primer mes hasta 40% el sexto, cuando finaliza.

La Administración Nacional de Puertos (ANP) propuso, en la última reunión entre las partes, realizada la semana pasada, la conformación de una comisión integrada por ella misma, el sindicato portuario y el Centro de Navegación, que es la cámara empresarial de la actividad marítimo-portuaria del Uruguay y reúne a Agentes Marítimos, Operadores Portuarios, Terminales y Depósitos Intraportuarios y Extraportuarios.

Una investigación realizada en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica concluyó que el Plan Ceibal contribuyó a reducir la desigualdad.

El estudio, realizado por Matías Dodel, Pablo Menese y Carlos Díaz, sostiene que el Plan Ceibal es el ejemplo más exitoso a nivel mundial dentro del proyecto “One Laptop per Child” (OLPC) que propone entregar una computadora portátil a cada niño con el fin de facilitar el acceso a las nuevas tecnologías de la información y, así, mejorar la educación.

La investigación, citada hoy por el diario El País, fue  publicada en el portal de divulgación de estudios referidos a las ciencias sociales y humanidades y será presentada el próximo miércoles.

El trabajo propone evaluar al Plan Ceibal, no desde los resultados académicos, sino desde su efecto en la disminución de la desigualdad en el acceso a una computadora y a Internet, desde que se implementó en el año 2009.

Desde esa perspectiva, la investigación sostiene que el impacto es “innegable” y ese es uno de los factores más importantes del Plan Ceibal: tuvo un “efecto redistributivo” que afectó, especialmente, a los hogares de menores ingresos, según los autores.

Falleció el viernes, a los 76 años de edad, el coronel en situación de reforma Gilberto Vázquez, que estaba condenado a 25 años de prisión por delitos del Plan Cóndor, entre ellos 28 homicidios especialmente agravados, y por haber participado en el secuestro y la desaparición de María Claudia García de Gelman.

En abril de este año, el militar había sido diagnosticado de coronavirus en el Hospital Militar, a donde había sido trasladado por problemas de salud.

En las actas del Tribunal de Honor de 2006, que se difundieron este año tras un pedido de acceso a la información pública por parte de la asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, Vázquez confesó, según recuerda La diaria: “Yo era un soldado e hice lo mejor que pude; tuve que matar y maté, y no me arrepiento. Tuve que torturar y torturé, con el dolor en el alma, y me cuesta muchas noches dormir acordándome de los tipos que cagué a palo, pero no me arrepiento”.

Vázquez había vuelto a la cárcel de Camino Domingo Arena el 28 de diciembre del año pasado, luego de que la Justicia revocara la prisión domiciliaria que se le había concedido “por razones humanitarias” en 2016.

Una junta médica del Instituto Técnico Forense determinó entonces que el militar no tenía problemas de salud que justificaran la prisión domiciliaria.

La Comisión de Constitución y Legislación del Senado dio primera prioridad, de aquí a fin de año, al estudio del proyecto de ley de Cabildo Abierto que otorga prisión domiciliaria en forma preceptiva a los presos mayores de 65 años.

El argumento del partido que lidera el senador Guido Manini Ríos, según El Observador, es la necesidad de proteger del covid-19 a este grupo etario, considerado el de máximo riesgo.

Aunque no consta en el texto de la iniciativa, en caso de aprobarse beneficiaría en forma directa al grupo de reclusos condenados por delitos contra los derechos humanos cometidos en actos de represión durante la dictadura cívico-militar.

La senadora blanca Graciela Bianchi adelantó, hablando con el mismo medio, que en principio el Partido Nacional “no tendría problema” en acompañar ese proyecto de Cabildo Abierto, “aunque con los blancos, nunca se sabe”, añadió.

El ministro de Defensa, Javier García, dio una explicación de por qué declaró reservada la “totalidad de las actuaciones del Tribunal de Honor del Teniente Coronel en situación de retiro Armando Méndez Caban, por un período de 15 años desde su clasificación”.

Méndez fue procesado el jueves pasado por el asesinato de Gerardo Alter en agosto de 1973.

La firma de declaración de reserva por parte del ministro se conoció públicamente el viernes pasado, pero está fechada el 17 de setiembre según Montevideo Portal.

El ministro García dijo que "no le corresponde" a él divulgar el contenido de las declaraciones y argumentó la reserva: “La información solicitada (las actas del Tribunal de Honor sobre Méndez Caban) corresponden a un tema que no está vinculado a derechos humanos y la ley ampara a reservar información de carácter personal”.

“Todos los tribunales de honor vinculados a derechos humanos los damos a diferencia de lo que sucedía en otras administraciones”.“Tribunales de honor hay de muchas características. Los hay por deuda entre oficiales, de los 1980-1990. Los hay por problemas comerciales y este es por un tema comercial. Los hay por opción de género, por infidelidades. Me parece que sería una cosa que no corresponde un tribunal de honor, que ya no existen más, ahora están los tribunales de ética, que se hacían en virtud de canones de otras épocas vinculados a temas personalísimos. Yo no tengo derecho, porque tengo que protegerlo a usted por un tema que es vinculado a su opción sexual o a su vida familiar. No corresponde que yo lo divulgue”, defendió el ministro.

La declaración de ‘reservado’ por 15 años implica que la ciudadanía no podrá acceder a los documentos hasta 2036. En ellos se encuentra el testimonio que dio Armando Méndez ante sus superiores, por hechos ocurridos mientras desempeñaba su labor militar.

ECONOMÍA Y EMPRESA

Algunos frigoríficos bajaron $5 por kilo la carne con hueso. Mientras tanto,  los cortes importados desde Brasil (desosados, madurados y envasados al vacío) ya bajaron entre $10 y $15 por kilo.

 Según informó El País en base a fuentes del mercado cárnico, es posible que la baja de la carne con hueso se generalice en los próximos días, con más frigoríficos ajustando sus precios para conseguir mayor competencia en el mercado interno.

 A su vez, hay una mayor presencia de carne bovina brasileña en plaza.

En materia de exportación, el sector cárnico lleva un gran desempeño en lo que va del año.

Según cifras del INAC (Instituto Nacional de la Carne) que hoy publica El Observador, el ingreso de divisas a Uruguay por las exportaciones de todas las carnes subió casi 54% en el acumulado anual –al 16 de octubre– comparado con lo que sucedió en el mismo período de 2020.

En lo que va de 2021 se alcanzaron US$ 2.166,4 millones, cuando el año pasado iban US$ 1.409,1 millones. Si se compara con los datos de 2019, para despejar el impacto del Covid, el incremento es de casi 22%.

En tanto, si se mide por volúmen, desde el inicio de enero hasta mediados de octubre de 2021 se embarcaron 528.586 toneladas, un crecimiento de 36% en relación a igual período de 2020.

El precio promedio de exportación (siempre considerando todos los tipos de carne) es de US$ 4.099 por tonelada, cuando en el mismo lapso de 2020 se promedió los US$ 3.635; en 2019 había sido US$ 3.782 por tonelada.

En el mercado local, el dólar bajó el viernes 0,04%. El interbancario fondo se operó en promedio a $43.878 

En la semana, la divisa estadounidense bajó 0,03% frente al peso uruguayo (al comparar la cotización del viernes frente al viernes previo). 

En lo que va del año 2021, el dólar lleva una suba acumulada de 3,63% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2020)

En pizarra del Banco República, el billete verde cerró el viernes en $ 42,65 para la compra y $ 45,05 para la venta. 

En Brasil, la divisa estadounidense subió el viernes y se ubicó en R$ 5,711. En la semana, el dólar subió 4,77% en el país norteño. 

En tanto, en Argentina, el dólar oficial subió apenas dos centésimas el viernes y se situó en AR$ 99,39 y en la semana aumentó 0,21%. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) también subió y cotizó en AR$ 195.00 (hace un año que no cotizaba tan alto) Por otra parte, en la semana el dólar subió 4,56%. 

El Euro bajó el viernes frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,1636.