Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, comunicó ayer que aceptó realizar una serie de obras de saneamiento con fondos propios del gobierno departamental, mientras se sigue negociando el apoyo de la oposición al préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
A través de un comunicado la jefa comunal dijo haber analizado “con detenimiento” la propuesta de los ediles nacionalistas, que a mediados de este mes sugirieron efectuar obras de saneamiento y drenaje pluvial en tres barrios de la ciudad, por un total de más de US$ 12 millones.
Según lo explicado por la comuna, estos trabajos se realizarán a través del Plan Director de saneamiento y drenaje pluvial. Esto permitiría dejar sin cambios la estructura del préstamo de US$ 70 millones ya negociado con el BID.
La oferta llegó luego de la reunión que Cosse mantuvo el lunes con el presidente Luis Lacalle Pou, que hoy recibirá en la Torre Ejecutiva a la presidenta de la Departamental Montevideo del Partido Nacional, Laura Raffo.
El anuncio de Cosse fue tomado por algunos blancos como una “movida política, estratégica y rápida” para conseguir el apoyo de blancos y colorados.
En el Partido Nacional se dijo a El País que la propuesta recién está siendo analizada y esperan alcanzar un acuerdo con los colorados para dar una señal de “coalición unida”, algo que, estiman, recién llegará en la primera quincena de enero.
Vía Twitter el edil nacionalista Diego Rodríguez definió como “poco serio” de lo de Cosse. “Hace 15 días la intendencia no tenía recursos para brindar más saneamiento a los montevideanos. Hoy nos enteramos por la prensa que apareció el dinero pero la intendenta no dice cómo lo va a ejecutar”.
El juez letrado de Concurso Leonardo Méndez rechazó ayer los recursos de reposición y apelación presentados por la Sociedad Civil Casa de Galicia y confirmó el cierre de la institución.
En un decreto, el magistrado valoró que a partir de la decisión de cierre del jueves pasado se obtuvo el apoyo y la colaboración del Ministerio de Salud Pública que, antes de ese pronunciamiento no se había obtenido de forma adecuada.
Méndez dijo coincidir con el ministerio en que las acciones y decisiones que derivaron de la actual situación de crisis de la mutualista no fueron responsabilidad ni de la Justicia, ni del ministerio, ni tampoco de los síndicos que venían actuando por orden judicial.
El juez sostuvo que “la responsabilidad de esta situación proviene de la gestión de las entonces autoridades naturales de Casa de Galicia, que a pesar de los reiterados y millonarios apoyos económicos brindados por el Estado, continuaron con un déficit altamente superior al del promedio del resto de los prestadores, y sin dar cumplimiento (al menos en forma parcial) a sus planes de reestructuración"
Méndez concluyó que “corresponde a todas las partes del proceso pasar página a este inevitable y dramático momento”.
El Sindicato Médico del Uruguay se reunió ayer con autoridades del Ministerio de Salud Pública y solicitó un compromiso para mantener todas las fuentes laborales de los profesionales que se desempeñan en la institución.
Según la Asociación de Médicos y Practicantes de Casa de Galicia, la deuda con los médicos por haberes salariales impagos ronda los US$ 3 millones.
Hoy, en un nuevo encuentro, se seguirá conversando sobre el tema. El planteo abarcaría a casi 600 médicos en plantilla y otros 50 tercerizados.
El ministerio abrió el mismo tipo de negociación con representantes de las Sociedades Anestésico Quirúrgicas.
Hoy una asamblea de socios que se realizará en la puerta de Casa de Galicia analizará la situación de la institución.
Sobre la mesa está la fórmula del Poder Ejecutivo para que sean absorbidos por otras mutualistas que no superen los 100 mil afiliados.
Según la Diaria, las dudas que persisten giran en torno a si podrán optar por un nuevo prestador o quedarán sujetos a una suerte de “corralito mutual”, siendo derivados al prestador que indique Salud Pública.
Ayer, aquí En Perspectiva Carlos Cardoso, representante de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, reclamó la “libre elección” para los usuarios de Casa de Galicia.
"El sistema es de competencia, y por lo tanto, la base es la libre elección del afiliado", puntualizó Cardoso. "Una persona no puede estar en una institución que no quiere estar, por la razón que sea. Estamos hablando de salud, la confianza es una cuestión clave".
Según El País la fórmula del gobierno dejaría por fuera del plan a los prestadores más grandes, como la Asociación Española, Casmu y Médica Uruguaya.
Según su visión el pasaje de usuarios no generaría ningún cambio abrupto para ninguna institución. Recordó que este año el movimiento de afiliados en la salud fue de 28 mil personas.
Casa de Galicia tiene unos 45 mil afiliados, de los que 40 mil son parte del Fondo Nacional de Salud.
La definición del gobierno es que ninguna institución reciba toda la masa social afiliada a Casa de Galicia.
Esa decisión incluye a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que viene gestionando el “período de transición”.
De todas formas, según El País, el prestador estatal sí tiene intenciones de quedarse con la estructura del sanatorio, para destinarlo a la atención de sus propios usuarios.
La idea es que pueda funcionar como un “hospital del norte”. El centro público más cercano es el Hospital Saint Bois, a siete kilómetros de distancia.
También hoy habrá una nueva asamblea de los trabajadores no médicos de Casa de Galicia, en medio de denuncias internas de “irregularidades” sobre la votación del pasado lunes.
Cerca de 300 de los más de 1.000 afiliados al sindicato forzaron la realización de un nuevo encuentro. Aseguran que en la instancia del lunes, donde se aprobó el plan del Ministerio de Salud Pública, no fueron respetados los estatutos.
El nuevo planteo es agotar “otras instancias” antes de aceptar lo ofrecido por la cartera: que por cada 1.000 afiliados de Casa de Galicia que absorban, las otras instituciones tomen a 20 trabajadores.
Los funcionarios definieron, finalmente, no apelar la decisión judicial que cerró a la mutualista.
La situación global de Casa de Galicia será analizada hoy por el presidente Luis Lacalle Pou y su gabinete en una reunión del Consejo de Ministros.
EMERGENCIA SANITARIA
La cantidad de casos activos de covid-19 en Uruguay llegó ayer a 4.820. Son 590 casos más que en la jornada anterior y 1.364 más que el martes de la semana pasada.
El último informe del Sistema Nacional de Emergencias reveló que, en 13.047 análisis, se detectaron 913 nuevos casos. Se trata de la cifra de contagios diaria más alta desde el 1 de julio.
La tasa de positividad se ubicó ayer en 7%.
Con estas cifras, en los últimos siete días se promediaron 15 nuevos contagios diarios cada 100.000 habitantes.
Según el informe, este martes se confirmaron dos fallecimientos de personas con la enfermedad: un hombre de 77 años y una mujer de 78, los dos en Montevideo.
En CTI están ingresados 23 pacientes con covid-19.
La Intendencia de Salto decidió ayer ampliar a todo el departamento la prohibición de bailes. Según la comuna, allí la situación sanitaria es “cada vez más grave”.
La medida regirá, por ahora, hasta el 3 de enero. Los datos indican que uno de cada 350 habitantes de la ciudad de Salto está cursando covid-19.
Este miércoles el Comité Departamental de Emergencias se reunirá para evaluar muevas medidas. La dispersión del virus no está permitiendo seguir la línea epidemiológica.
Salto promedió ayer 35 nuevos contagios por día en la última semana cada 100.000 habitantes. Más del doble del promedio nacional. Otro departamento complicado es Flores, con 71 casos nuevos por día en esa escala.
En Chile, las autoridades sanitarias anunciaron restricciones de movilidad a partir del 1 de enero para quienes no han recibido la tercera dosis contra covid-19.
El ministro de Salud, Enrique Paris, informó que todavía no recibieron la tercera dosis más de 1.5 millones de personas que están en condiciones de hacerlo. Esas personas perderán el pase de movilidad, un permiso gubernamental que habilita, entre otras cosas, la circulación entre distintas zonas del país y la atención en el interior de bares y restaurantes.
Las autoridades sanitarias también anunciaron, la semana pasada, que en la segunda quincena de febrero empezarán a aplicar la cuarta dosis de vacunas contra el coronavirus.
En Bolivia, el Ministerio de Salud informó de 2.882 nuevos contagios y 22 muertes por covid-19, con lo cual supera los 580.000 diagnósticos positivos y las 19.500 muertes. En todo el país, los casos activos son 38.501.
La mayor parte de los casos nuevos se concentra en la región de Santa Cruz, la más grande y más golpeada por la pandemia en el país. La región tuvo casi 2.000 casos, seguida por los 315 de Tarija. Se trata de los datos más altos que se registran desde el primer caso de covid-19.
INTERNACIONALES
En Rusia, la Corte Suprema ordenó el cierre de la organización Memorial, emblema de la sociedad civil por su defensa de las libertades y por su papel como custodio de la historia de las víctimas del Gulag soviético.
La decisión contra Memorial, que tiene un gran prestigio fuera de Rusia, se enmarca en la represión contra quienes critican al Kremlin, que se ha acelerado en 2021, cuando se ha visto el cierre de medios independientes y organizaciones civiles, y el desmantelamiento del movimiento del opositor encarcelado Alexéi Navalni.
En el juzgado, la jueza informó que aceptaba "la demanda de la fiscalía" de disolver a la organización civil. La fiscalía pidió en noviembre la disolución de Memorial acusándola de haber infringido "de manera sistemática" las obligaciones de su condición de "agente del extranjero".
Después del fallo, se escucharon gritos de "¡Vergüenza!". A continuación, los abogados intervinieron ante el tribunal, declarando que iban a apelar. Luego, la policía obligó a los partidarios de la organización y a los periodistas a abandonar el edificio.
En un comunicado publicado después, Memorial prometió encontrar "vías legales" para continuar sus actividades.
Estados Unidos calificó la decisión como una "afrenta" a los derechos humanos. En un comunicado, el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que "la persecución" de esta organización "es una afrenta a su noble misión y a la causa de los derechos humanos en todo el mundo".
El ministerio alemán de Relaciones Exteriores consideró esta decisión "más que incomprensible".
En España, fue aprobada en el Consejo de Ministros una reforma laboral promovida por el gobierno y pactada con patronal y sindicatos, que tiene como objetivo acabar con los contratos precarios y la inestabilidad en el trabajo.
Esta reforma "supone un hito" en la legislación española, aseguró en Twitter el presidente, Pedro Sánchez. La medida debe pasar todavía por el Congreso, donde se prevé que sea respaldada porque cuenta con el apoyo de los involucrados.
De este modo, el gobierno reforma la legislación adoptada en 2012 por el ejecutivo de Mariano Rajoy, del ahora opositor Partido Popular, que, según sus detractores, hizo aumentar la inseguridad laboral en un país con un porcentaje récord europeo de contratos temporales.
La reforma laboral impone que la contratación indefinida sea la norma, prohíbe despedir a los trabajadores por motivos económicos, e instaura de forma permanente un mecanismo que se creó durante la pandemia para evitar que los trabajadores perdieran su salario y empleo por la suspensión de la actividad en sus empresas.
El gobierno de Sánchez y los interlocutores sociales estaban inmersos en una carrera contrarreloj, ya que la Comisión Europea exigía esta reforma para finales de año a cambio del megaplan de recuperación europeo, del que España va a ser uno de los principales beneficiarios con 140.000 millones de euros.
Esta reforma fue también uno de los puntos del acuerdo de gobierno firmado a finales de 2019 por el partido socialista del señor Sánchez y su aliado de izquierda, Unidas Podemos.
En Hong Kong, fueron detenidos seis empleados actuales y pasados del medio noticioso Stand News bajo cargos de "publicación sediciosa", en medio de la consternación internacional por la libertad de prensa en la ciudad.
Según la policía, más de 200 agentes uniformados y vestidos de civiles fueron enviados a revisar las oficinas de la publicación.
Stand News es la segunda empresa de prensa en ser blanco de la policía de seguridad nacional después de Apple Daily, que cerró en junio, cuando las autoridades congelaron sus bienes bajo una ley de seguridad nacional impuesta por Pekín para contener a la disidencia.
También fue detenida la estrella local del pop Denise Ho, quien fue parte de la junta directiva de Stand News.
Poco antes del amanecer, el medio transmitió en vivo por Facebook cuando la policía llegó a la puerta del subeditor de turno, Ronson Chan.
En el breve video, los oficiales dijeron a Chan que tenían una orden judicial para investigar cargos de "conspiración para publicar una publicación sediciosa", y que Chan debía parar de filmar. La casa de Chan también fue registrada, pero él no fue detenido.
Hong Kong ha sido un centro regional de prensa internacional, aunque en los últimos años ha visto un declive en su libertad de prensa, en momentos que Pekín toma más control de la ciudad.
En Brasil, las inundaciones por las fuertes lluvias en el sur del estado de Bahía causaron una nueva muerte, que elevó a 21 el saldo este martes, en medio de una destrucción que avanza entre los lamentos de quienes perdieron todo.
El número de desplazados de sus hogares superó en las últimas horas los 77.000, entre los cuales 34.163 necesitaron refugio, según los últimos datos del gobierno local.
Además, los municipios en emergencia aumentaron a 136 desde un centenar en la víspera, con 470.000 personas afectadas.
El último fallecimiento, que incrementó el trágico registro desde noviembre, fue el de un joven de 19 años, que murió ahogado.
Mientras las aguas bajan en algunas localidades, donde aparecen las montañas de escombros, en otras se convierten en una amenaza: cuatro municipios fueron alertados de posibles inundaciones debido a la apertura de compuertas en caudales de agua. Los pobladores en áreas de riesgo fueron urgidos a evacuar.
Los bomberos de Bahía monitorean al menos diez presas con riesgos de rompimiento en distintos ríos con caudales por encima de los niveles normales.
En otros puntos de la región, los rescates continuaban con helicópteros y botes, al igual que la asistencia a los desalojados, en un operativo conjunto entre el gobierno estatal y federal, con colaboración de otros estados.
En total, 40 carreteras estatales sufrieron interrupciones o daños como consecuencia de las lluvias.
El presidente, Jair Bolsonaro, habilitó este martes un crédito extraordinario de unos 36 millones de dólares para la reconstrucción de infraestructura en carreteras afectadas por las lluvias en cinco estados, incluyendo Bahía, que se lleva la mayor parte.
El gobernador de Bahía, Rui Costa, del opositor Partido de los Trabajadores, consideró "insuficiente" la medida y pidió "más recursos" para paliar la situación de crisis.
Las críticas de opositores a Bolsonaro, que está de vacaciones en Santa Catarina (sur), se multiplicaron en redes sociales tras mostrarse andando en una moto de agua.
En Argentina, la polémica sobre la suba de impuestos en sumó un nuevo motivo de disputa, porque el gobierno firmó un pacto fiscal con las provincias en el que habilita a que se cobre el impuesto a la herencia.
Es un tema que suele levantar la temperatura del debate político cada vez que alguien plantea su reinstauración, porque Argentina ya tiene impuestos que gravan el patrimonio, por lo que los expertos en temas tributarios opinan que habría una doble imposición.
Y, tal como había ocurrido cuando se votó en el congreso una suba en el impuesto a los bienes personales, hubo políticos opositores que advirtieron que iniciativas de ese tipo constituyen otro aliciente para el éxodo fiscal de argentinos de alto patrimonio hacia otros países más benévolos, por ejemplo Uruguay.
La cuestión es que el gobierno está determinado a reducir su déficit fiscal pero sin recortar el gasto público y es por eso que, a pesar de las críticas de los opositores, está avanzando en la reforma impositiva que incrementa la presión.
La ciudad de Buenos Aires, gobernada por el Pro, el partido de Mauricio Macri, es la única que no firmó el pacto, aunque también había incrementado por su cuenta algunos tributos municipales.
Mientras tanto, el cierre del año impositivo, en el cual se hacen las presentaciones de declaraciones patrimoniales, tuvo un efecto indirecto sobre el precio del dólar paralelo. Es algo que suele ocurrir en esta época del año: para esquivar el pago de impuestos más altos, hay individuos y empresas que repatrían dólares desde cuentas del exterior, y eso incrementa la oferta de divisas durante algunas semanas.
Es decir, baja la cotización del dólar paralelo. Luego todo vuelve a la normalidad, pero en el mientras tanto eso le da cierto oxígeno financiero al gobierno.
Por otra parte, el gobierno sigue recibiendo sus mejores motivos de festejo desde el ámbito agropecuario: mejorando las proyecciones oficiales, diciembre terminará con una liquidación de exportaciones agrícolas por 2.500 millones de dólares, todo un récord para esta época del año.
Y eso mantiene la esperanza de que el campo le permita a la economía un “puente” de divisas durante los habitualmente complicados meses del verano, para llegar al ansiado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin turbulencias cambiarias.
(Corresponsal: Fernando Gutiérrez)
MÁS NOTICIAS DEL PANORAMA NACIONAL
La Asamblea General se reunirá hoy para discutir el veto que el presidente Luis Lacalle Pou interpuso al proyecto de ley de suelos forestales.
Cabildo Abierto y el Frente Amplio, que habían aprobado la iniciativa en el Parlamento, reeditarán esa mayoría en una sesión en que los argumentos a favor y en contra de la ley se repetirán.
Está claro que no llegará a levantarse el voto: Quienes apoyaron el texto cuentan con 69 votos, nueve menos que el mínimo constitucional exigido. De todas formas, superarán al resto del sistema político, que tiene 61.
Para levantar la observación presidencial se requieren tres quintos de los legisladores presentes. La sesión tendrá características especiales. Cada voto deberá ser expresado en forma nominal.
Además, siempre deberán estar presentes en sala, al menos, 16 senadores y 50 diputados. De lo contrario, la sesión deberá ser suspendida.
Luego de la sesión, el presidente Luis Lacalle Pou espera a todos los legisladores de la coalición de gobierno para compartir un asado y despedir el año en la Residencia de Suárez y Reyes.
Según declaró a El País el coordinador de la bancada nacionalista en Diputados, Rodrigo Goñi, el encuentro probablemente tendrá el mismo tenero que eventos similares realizados anterioresmente: la expresión de las distintas aspiraciones que cada partido tiene para 2022.
La Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, junto a Redes Amigos de la Tierra y el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) presentaron este lunes en Presidencia de la República un recurso de anulación por inconstitucionalidad del decreto que el Poder Ejecutivo emitió a mediados de este mes, introduciendo nuevas reglas en el sector forestal.
En el escrito, los reclamantes aducen que el gobierno debió haber cumplido con el artículo 47 de la Constitución y, antes de emitir el decreto, haber convocado a la sociedad civil para su discusión y definición. Debería haber sido así, afirman, por las “grandes implicaciones” que la normativa tendrá sobre los recursos hídricos del país.
El recurso cuestiona además que el decreto presente, como una norma internacionalmente probada, la Clasificación por capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).
“La introducción de esa clasificación sirve de pretexto para redefinir las áreas forestales del Uruguay afirmando explícitamente que irán más allá de lo definido hasta el presente”, afirman estas organizaciones.
Bajo el “manto de mayores exigencias ambientales”, el escrito señala que en lugar de disminuir, el decreto incrementa la forestación, al posibilitar que se plante en un 25% más de tierra que las áreas hoy bajo prioridad forestal.
Si el reclamo no prospera, las organizaciones detrás de esta iniciativa adelantaron que recurrirán ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
El Poder Ejecutivo estableció un ajuste salarial de 7% para los funcionarios públicos. Desde COFE se argumenta que no cubre la inflación.
La fórmula prevé un incremento de 5,8% según la inflación prevista en el Presupuesto Nacional votado en 2020, más un componente de recuperación de 1,2%.
El presidente de la confederación, José Lorenzo López, sostuvo que, con el aumento de 4,41% otorgado en enero de este año y una inflación de 9,71% en 2020, los trabajadores perdieron 5% de salario real.
El ministro de Defensa, Javier García, presentó ayer una denuncia penal contra la cúpula de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes).
Previo a la Navidad, pasadas las 15 horas del pasado 24 de diciembre, Fenapes tuiteó: “Educación integral para que ningún soldado se crea con el derecho de abusar y violar niñas. Repudio a la falta de medidas por parte del Estado y a la complicidad del presidente. Anular la LUC para que el ejército no tenga injerencia en la Educación Pública”.
El escrito presentado por García, según El País, advierte que lo expuesto por el gremio excede con creces el derecho a la libertad de expresión en lo dispuesto en el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica y en lo que marca la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Allí lo que se sostiene es que la libertad de expresión es “indispensable e imprescindible”, pero “su aplicación y sus expresiones cotidianas no se pueden sustraer del respeto y guarda a los derechos y libertades”.
También que puede configurar un atentado al honor de las Fuerzas Armadas, incitando al odio y al desprecio público de sus integrantes. La denuncia es contra la presidenta del sindicato, Alejandra Vespa, y contra el vicepresidente, José Olivera.
ECONOMÍA Y EMPRESAS
Hoy está prevista una reunión del Consejo de Ministros luego de la cual se espera que el Poder Ejecutivo oficialice las subas o mantenimientos de tarifas de las empresas públicas a partir de enero.
La semana pasada Antel anunció en conferencia de prensa que mantendría incambiadas sus tarifas debido a un incremento de la competencia en el mercado (producto de que se viene próximamente la portabilidad numérica) y – según señaló- debido a una mayor eficiencia del gasto.
En el caso de UTE, ayer informó en un comunicado que se aprobó en el Directorio un “ajuste medio de tarifas de 3,5%”, valor que “se ubica en el entorno del 50% de la inflación proyectada”, señala.
“Para tomar esta decisión se analizaron diferentes escenarios del Programa Financiero para 2022 con hipótesis de incremento de la demanda interna de 2,5% y un nivel de exportaciones de energía más moderado que en 2021”, explicó la empresa pública, que recordó que a partir del año que viene “se incorporará el Bono Social de Energía Eléctrica para los hogares más vulnerables, que implica un descuento de entre 80% y 90% para los beneficiarios de programas Mides [Ministerio de Desarrollo Social] y planes de inclusión social de UTE”, lo que abarca a unos 110.000 hogares.
Por su parte, el presidente de OSE, Raúl Montero, confirmó a La Diaria que la suba será de 6%, menor a la inflación.
En tanto, en el caso de Ancap, si bien el precio de paridad de importación (PPI) calculado por la Ursea (Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua) indica una baja de entre 3 y 6%, el gobierno se apresta a mantener la tarifa incambiada por cuarto mes consecutivo, según informa El País.
El matutino agrega que la baja calculada por la Ursea – en función de acompañar el valor internacional del crudo si se importara- no alcanzaría para corregir el desequilibrio en el régimen de fijación de precios que se arrastra desde hace tres meses, cuando el Poder Ejecutivo decidió no aumentar las tarifas, pese a que en esos casos los informes de la Ursea determinaban subas.
Este hecho fue muy cuestionado por el Frente Amplio, que argumenta que el gobierno no está haciendo lo que plantea la LUC – de considerar el PPI para determinar las subas o bajas de Ancap- por el referendum que está previsto contra 135 artículos de esta norma para el 27 de marzo.
En el mercado local, el dólar bajó ayer 0,05%. El interbancario fondo se operó en promedio a $44.445
En lo que va del año 2021, el dólar lleva una suba acumulada de 4,97% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2020)
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $ 43,25 para la compra y $ 45,65 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense bajó ayer y cerró en R$ 5,643
En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió ayer y se ubicó en AR$ 102,62. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) también subió y cotizó en el entorno de los AR$206,00.
Por su parte, el Euro subió ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,1304.
OTRAS NOTICIAS
El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, aseguró que en esa secretaría están "muy alertas" para que el 31 de diciembre "no se repita un fin de año sangriento".
En rueda de prensa ayer Heber sostuvo que lo “desveló” el registro de siete homicidios en Montevideo entre Nochebuena y Navidad. Algunos perpetrados por familiares o vecinos.
El ministro sostuvo que los asesinatos entre familiares, como fue lo sucedido en algunos de estos casos, son muy difíciles de prever. “Uno no puede prever que terminen asesinándose entre parientes, o por un perro”, dijo.
“Es muy difícil de hacer un análisis de estos siete homicidios, porque la violencia que se da entre familiares, que termina un hecho o un reproche entre un sobrino y un tío es muy difícil de prever. Lo que sí podemos prever es los enfrentamientos por vendetta, por venganzas, y eso sí nos preocupa”.
El ministro del Interior también se mostró preocupado por los enfrentamientos en las cárceles y los problemas de convivencia que se dan allí en esta época del año.
“No sé cuál es la razón, quizás alguien que sepa más pueda darla”, sostuvo.
Heber reconoció que hace falta personal en las prisiones. Según explicó, hay 300 vacantes que no se logran llenar. Hay más de 1000 anotados, dijo, pero se borran muchos.
El intendente de Maldonado, Enrique Antía, cuestionó la decisión de AEBU de realizar una movilización el mes que viene en Punta del Este.
Esa acción figura en el cronograma de paros previsto por el sindicato, ante el fracaso de las negociaciones por un nuevo convenio salarial en el sector banca oficial.
En declaraciones a Radio Monte Carlo, Antía sostuvo que le parece “una vieja política de la dirigencia sindical de quien tiene trabajo seguro”.
“Quieren mostrarse en lugares donde hay publicidad", indicó además que sería "un hecho egoísta" para con las personas que no tuvieron trabajo durante el año pasado a raíz de la pandemia. "Yo no vi a AEBU preocuparse por cómo la gente pasaba frío en pleno invierno porque en la sucursal no atendían a más de uno".
