Entrevista con el doctor Santiago Pereira Campos.
EN PERSPECTIVA
Lunes 06.11.2017, hora 08.27
EMILIANO COTELO (EC) —El miércoles de la semana pasada se puso en marcha una reforma histórica para la administración de la justicia penal en Uruguay. Ese día, 1.º de noviembre de 2017, entró en vigor el nuevo Código del Proceso Penal.
Las primeras horas estuvieron marcadas por problemas informáticos, edilicios y conflictos sindicales. Así y todo, en estos cinco días se logró el objetivo de resolver en cuestión de horas procesos penales que antes llevaban semanas o directamente meses.
Dejando de lado los inconvenientes puntuales, ¿qué implica esta reforma? ¿En qué nos beneficia a nosotros los ciudadanos?
Vamos a pasar en limpio estos asuntos con el doctor Santiago Pereira Campos, profesor titular de Derecho Procesal en la Universidad de Montevideo y vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal.
Para empezar, una aclaración básica: ¿qué es el derecho procesal penal?
SANTIAGO PEREIRA CAMPOS (SPC) —El derecho procesal penal es el conjunto de normas que regulan la tramitación de un proceso. Un proceso es una sucesión de actos jurídicos que tienen cada uno una finalidad y un objetivo, y esa sucesión de actos conforma el proceso, en este caso el proceso penal. Y el derecho procesal se encarga de estudiar ese proceso y verificar su sistemática y sus consecuencias.
EC —Uruguay tenía un Código de Proceso Penal que se había aprobado en 1981. ¿Por qué era necesario modificarlo?
SPC —En primer lugar era necesario modificarlo por un mandato de nuestra Constitución y de los tratados internacionales suscritos por Uruguay, que implicaban la necesidad de un proceso que en primer lugar fuera oral y público, y que en segundo lugar tuviera claramente separadas las funciones de quien acusa y quien resuelve, esto es, el fiscal y el juez. Y nuestro proceso no cumplía con ninguna de estas dos condiciones, y además estaba llamado a generar un sistema con muchas personas presas sin condena, como efectivamente ocurre hoy.
EC —Estábamos en deuda con la comunidad internacional.
SPC —Estábamos en deuda con nuestra Constitución en primer lugar y con la comunidad internacional en segundo lugar. De hecho habíamos sido observados en sucesivas oportunidades porque nuestro sistema procesal penal era violatorio del Pacto de San José de Costa Rica.
EC —Tú tuviste participación importante, intensa en los preparativos de la puesta en marcha.
SPC —Sí, yo actualmente estoy presidiendo el Centro de Estudios de Justicia para las Américas (CEJA), un organismo del sistema interamericano, un organismo independiente que se encarga de ayudar a los países en los procesos de reforma de la justicia. A través de este organismo se capacitó en Uruguay a prácticamente 400 jueces, fiscales, defensores y policías en una experiencia bastante inédita en el país, que fue que se capacitara a los cuatro grupos juntos, o sea que trabajaran juntos e interactuaran estos cuatro grupos de actores. Y por otro lado CEJA también tuvo una participación importante en algunas propuestas de reforma de la versión inicial del Código, que terminaron plasmándose en la última ley que se acaba de aprobar.
