Foto: Imagen de la marcha "Contra la cultura de la violación" en enero de 2022. Crédito: Javier Calvelo/ adhocFOTOS
La noticia fue tan fuerte que la levantaron medios internacionales como la BBC y CNN: a fines de enero de 2022, en el Cordón, la Policía había encontrado a una mujer de 30 años tirada en la calle, en estado de shock.
Afirmaba haber sido víctima de una violación grupal.
La indignación fue generalizada y rápidamente tres hombres mayores de edad y uno menor fueron detenidos. Los mayores fueron enviados a prisión preventiva.
Hubo marchas por Montevideo en protesta contra la “cultura de la violación”, y hasta el Presidente de la República consideró que la sanción contra los culpables debía ser “ejemplarizante”.
Ayer, un año y medio más tarde, los imputados por el caso fueron sobreseídos definitivamente, y su abogado defensor anunció que demandarán al Poder Judicial por prisión indebida.
Entre medio, el caso se complejizó y hasta incluyó el allanamiento de una radio y un sacudón tanto a nivel interno como a nivel de opinión pública para la Fiscalía General de la Nación.
¿Qué pasó con el caso de violación en el Cordón? ¿Cómo se llegó a esta instancia? Vamos a pasarlo en limpio.
EL COMIENZO
La denuncia original fue el domingo 23 de enero del año pasado. La noche del sábado para ese domingo, una mujer de 30 años aceptó irse de un boliche ubicado en pleno barrio Cordón con un hombre que había conocido allí.
Horas más tarde, sobre las seis de la mañana, la Policía la encontró tirada en la calle en estado de shock.
Su relato era el siguiente: estaba teniendo relaciones sexuales en un apartamento cercano al boliche con este hombre, cuando de pronto entraron otros dos hombres a la habitación y la violaron.
Los tres hombres, dos mayores y un adolescente, fueron detenidos y se los dejó en libertad pero emplazados, a la espera de poder realizarles pruebas de ADN. Días más tarde se sumó otro hombre también mayor de edad.
Los primeros médicos que la asistieron comprobaron lesiones extragenitales compatibles con una violación. Trascendió además que los imputados se negaban a realizarse pruebas de ADN.
Quien tomó el caso fue la fiscal de Delitos Sexuales Sylvia Lovesio, que en entrevista con la emisora Del Sol aseguraba haber actuado “con la mayor diligencia” pero lamentaba no poder dar una respuesta más “inmediata”.
Pero esa velocidad en la actuación iba a resultar, con el diario del lunes, un problema.
En los primeros días de febrero, Lovesio pidió la formalización de los tres mayores de edad por abuso sexual especialmente agravado. Uno de ellos también fue imputado por un delito de difusión de imágenes de contenido pornográfico sin autorización de la víctima.
Los tres mayores fueron a la cárcel con prisión preventiva. El menor no fue finalmente formalizado por la fiscalía de adolescentes.
REPERCUSIÓN
“Uruguay: la denuncia de violación grupal de una mujer que estremece al país”, tituló la BBC el 26 de enero, muestra de cómo el caso tomó repercusión internacional.
Los medios uruguayos tomaron el tema, lo impulsaron y canalizaron la indignación y el shock que generaba.
A nivel local, el presidente Luis Lacalle Pou llegó a pronunciarse al respecto: dijo que la sanción para los victimarios debía ser “contundente y ejemplarizante”.
Me detengo un instante en esa asqueante y aberrante situación. Obviamente sin meterme en la tarea del fiscal ni de los jueces. Debería ser contundente y ejemplarizante la pena, para estos actos que no son propios del ser humano ni del género masculino. Nos debería dar vergüenza.
La indignación fue tanta que miles de personas marcharon por 18 de Julio en apoyo a la víctima y en rechazo a la “cultura de la violación”.
“Hoy nos volvemos manifestar contra la cultura de la violación, arraigada y naturalizada”, decía la proclama que leyeron las manifestantes en la plaza Cagancha. Criticaron también al mandatario.
Así lo decía una de las organizadoras, Soledad Yerle, en diálogo con MVD Noticias de TV Ciudad:
Lo que le exigimos al presidente de la República es un pedido de disculpas. No son extraterrestres los hombres que violan, no es que no sea digno del género masculino. Si lo pensamos así, invisibilizamos el problema real.
Según recogieron los medios ese día, en la proclama el reclamo contra el mandatario fue incluso más fuerte: “¡Entérese, señor presidente, que los violadores son seres humanos y principalmente varones, hijos sanos del patriarcado! ¡Edúquese, varón!”, dijeron las voceras.
Al mismo tiempo hubo otras movilizaciones en otros departamentos con el mismo lema de “contra la cultura de la violación”. En Piriápolis, por ejemplo, participó de la marcha la intendenta de Montevideo Carolina Cosse.
EL GIRO
Pero el caso dio un giro sorprendente el 1º de febrero. Fue a partir de esa fecha que los medios de comunicación pasaron a tomar un rol todavía más protagónico en el tema.
“¿Y si la violación grupal no fue tal?”, escribió en Twitter el periodista Ignacio Álvarez temprano en la mañana, anticipando un informe que saldría al aire más tarde en su programa en Azul FM, La Pecera.
Allí, Álvarez difundió audios que no eran todavía parte de la carpeta investigativa de la fiscal. Eran audios de videos grabados durante la madrugada de ese 23 de enero de 2022, y allí se ponía en cuestión la versión de la víctima.
Según el abogado defensor de los acusados, se probaba que la relación había sido consensuada.
Además, en el programa radial se informó que los acusados no se habían negado a realizarse pruebas de ADN, sino que ese primer trascendido había sido erronéo.
También se difundió el contenido del informe forense. Ese informe daba un resultado no concluyente con respecto a si se había producido o no una violación. Había sí lesiones extragenitales, tal cual se había dicho en un principio. Pero el hecho de que no hubiera lesiones intragenitales, clave para probar un abuso sexual, sembraba dudas.
La nota de La Pecera generó un escándalo. No solo porque se discutía algo que hasta ese momento era una versión unívoca, sino también por la decisión periodística de poner los audios al aire.
La diputada comunista Micaela Melgar consideró que el informe era “apología de la violación”. Al otro día, legisladores del Frente Amplio presentaron una denuncia en Fiscalía contra Álvarez.
Pero la Fiscalía también tomó cartas en el asunto por sí misma: comenzó una investigación de oficio por divulgación de audios con contenido íntimo sin el consentimiento de la víctima.
Y ahí es donde el caso terminó de desdibujarse.
ALLANAMIENTO
La fiscal que tomó el caso contra Álvarez fue Mariana Alfaro, quien pidió allanar el domicilio y la radio donde trabaja ese periodista.
La intención de la fiscal Alfaro era obtener el celular de Álvarez, pero él no se encontraba en el domicilio que Interpol tenía registrado y no estaba en la radio. Se le comunicó telefónicamente que debía presentarse ante Interpol y entregar sus dispositivos, a lo que Álvarez se negó.
Esto provocó críticas a la Justicia por violar la libertad de prensa y la protección de las fuentes, y desembocó en que la Fiscalía diera marcha atrás.
Aquí En Perspectiva, el fiscal de Corte Juan Gómez dijo que la propia fiscal Alfaro había reconocido su error, pero dijo que no se analizaría la conducta de la magistrada.
-Puedo considerar luego, como ella lo hizo, con el diario del lunes, me di cuenta de que fue innecesaria. Me di cuenta de que podía afectar otros intereses tan importantes como la reserva de las fuentes.
-¿Y no es grave que se haya dado cuenta después?
-Es grave si se hubiera cumplido. Si se hubiera cumplido ahí sí analizaríamos realmente la conducta.
Lo cierto es que la credibilidad de la Fiscalía, y cómo los medios tomaban acríticamente la información difundida desde el Ministerio Público, quedaron puestos en duda.
EL CASO SE ESTIRA
Un caso que parecía a primera vista de resolución clara, entró entonces en un periplo que iba a extenderse un año y medio.
En mayo, Sylvia Lovesio fue trasladada a otra fiscalía y los casi 700 casos que ella tenía a su cargo pasaron a la órbita del fiscal Raúl Iglesias, entre ellos el de la denuncia por violación grupal en el Cordón. Eso derivó en otra polémica más.
A poco de asumir el cargo, Iglesias tomó dos determinaciones controvertidas: por un lado, en solo una semana pidió el archivo de 220 causas por delitos sexuales; por el otro, pidió que los imputados por el caso del Cordón pasaran a prisión domiciliaria.
En distintas entrevistas, el fiscal explicó su decisión. Así lo hizo aquí En Perspectiva:
La medida cautelar de prisión preventiva me parecía que se podía sustituir por otra menos gravosa, puesto que los fiscales no solo tenemos que proteger a las víctimas sino también el debido proceso y las garantías para todas las partes involucradas. Y en el caso de los imputados, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, tener personas de 18 años, primarias, en una cárcel, no me parecía la mejor opción.
Además, el fiscal declaró que “aparentemente” había fiscales militantes de causas como la feminista. “Al momento de impartir justicia uno no puede guiarse por eso”, dijo aquí En Perspectiva.
El foco pasó entonces a Iglesias, y la atención sobre él derivó en que el fiscal de Corte determinara el comienzo de un sumario en su contra, por el rápido archivo de causas y por haber hecho pública información reservada del caso de Cordón.
Mientras tanto, en junio de 2022, los tres hombres apresados pasaron a prisión domiciliaria, en principio hasta agosto.
Agosto llegó y para ese entonces el fiscal Iglesias estaba separado de su cargo, por lo que quien llevaba adelante el caso era la fiscal adjunta Judith Rodríguez. Fue ella quien pidió otra extensión de la prisión domiciliaria preventiva, en esta ocasión hasta fines de diciembre.
El caso avanzó poco en esos meses, en diciembre los imputados quedaron libres, y así se llegó a la fecha límite en que la Fiscalía debía hacer una acusación e ir a juicio oral, o en cambio pedir el sobreseimiento.
En abril de este 2023, la fiscal Rodríguez hizo eso último por considerar que no había pruebas suficientes para ir a juicio. Dijo que las pruebas tenían “debilidades, ambivalencias y fisuras”.
RESOLUCIÓN
¿Qué ocurrió el martes? Se llegó a un sobreseimiento definitivo.
La defensa de la víctima había apelado la decisión de la Dra. Rodríguez, y el caso fue tomado por otro fiscal, Schubert Velázquez, para una revisión.
Sin embargo, este fiscal llegó al mismo resultado e incluso puede decirse que fue todavía más lejos que su antecesora.
En un escrito difundido ayer por distintos medios, Velázquez dice directamente que, según la evidencia disponible, “no existió delito” y la versión de la víctima es “inverosímil”.
Velázquez escribe que la denunciante "concurrió voluntariamente, en compañía de un menor de edad y una amiga a un apartamento de conocimiento de este menor", y que a partir de las declaraciones de la amiga y de los imputados, y del análisis de los videos grabados y de las pericias, se llega esa conclusión de que no hubo delito.
En los videos se escuchan "risas y tonos de voz acordes a una relación muy alejada a la violencia descripta por la denunciante y sí ajustada a la escena que describieron los indagados al inicio”, dice el dictamen.
Agrega que los videos muestran “escenas con ausencia total de violencia” y que la conversación entre la mujer y los imputados se da “en un tono que no denota ira, malestar, angustia o sentimientos lógicamente esperables después de haber pasado por la situación denunciada”.
"En base a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, llevan a la conclusión de lo inverosímil de la versión dada por la denunciante, que pierde validez ante la presencia de elementos objetivos que la rebaten", resume el fiscal Velázquez.
Desde la defensa de la denunciante dijeron ayer a la producción de En Perspectiva que el fiscal subrogante “no revisó mucho”, pero la decisión no es recurrible y el caso entonces se agotó a nivel nacional.
Juan Raúl Williman, abogado del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, que lideró esa defensa, dijo al diario El Observador que ahora se evalúa si continuar con un reclamo internacional al Estado uruguayo.
En tanto, el abogado defensor de los imputados, Martín Frustaci, dijo a también a El Observador que a la Justicia uruguaya le cabe una “responsabilidad objetiva” por un delito de “prisión indebida”, por lo que procederá a demandar al Poder Judicial en busca de una reparación económica para sus defendidos.
Producido por Gastón González Napoli
