La Cámara de Diputados aprobó, durante la discusión de la Rendición de Cuentas, la creación de la Agencia Nacional para la Gestión de Inmuebles Estatales. La iniciativa contó con los votos del Frente Amplio (FA) y Cabildo Abierto (CA) y busca ordenar, administrar y mejorar el aprovechamiento de los bienes inmuebles que pertenecen al Estado.
El diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP), Joaquín Sequeira, dijo en diálogo con Emiliano Cotelo y Romina Andrioli en En Perspectiva que la nueva agencia procura resolver un problema que se “arrastra” desde hace varios gobiernos: la falta de información completa sobre las propiedades estatales y la ausencia de una gestión coordinada.
Un registro incompleto
Sequeira recordó que durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez (2015-2020) comenzó a elaborarse un registro de inmuebles estatales en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Posteriormente, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, se creó el Programa de Racionalización de Uso de Bienes Inmuebles del Estado (PRUBIE).
Actualmente, ese programa tiene registrados cerca de 11.000 inmuebles, pero el diputado señaló que se estima que el sector público posee más de 20.000 propiedades.
“Tenemos un cuello de botella importante”,dijo Sequeira, quien explicó que los organismos suelen ser “muy celosos” de sus inmuebles y que existen dificultades administrativas para incorporar la información.
“Hay desde problemas administrativos y que a veces no se sabe ni dónde están los registros, dónde están los títulos, no se sabe bien cuáles son los padrones que poseen”, agregó.
El legislador agregó que completar el registro no consiste simplemente en ingresar datos a una computadora, ya que en muchos casos es necesario revisar archivos físicos y localizar documentación.
“No es simplemente sentarse en una computadora, agarrar una carpetita y cargarla en un sistema”, dijo. Según explicó, la tarea requiere personal y tiempo, dos recursos que los organismos públicos suelen destinar a otras prioridades.
Una gestión con mayor flexibilidad
La agencia funcionará como una persona pública no estatal, una naturaleza jurídica que, según Sequeira, le permitirá actuar con mayor flexibilidad que el programa vigente.
El diputado cuestionó que el mecanismo utilizado hasta ahora para vender propiedades estatales —principalmente el remate— no siempre sea eficiente. “El remate no es necesariamente el mecanismo más eficiente para la venta de los inmuebles del Estado”, señaló.
Sequeira recordó que algunos bienes fueron ofrecidos varias veces sin interesados y que, en otros casos, se concretaron ventas por valores que no necesariamente resultaron adecuados.
Durante el gobierno de Lacalle Pou, explicó, el Ministerio del Interior (MI) tenía más de 150 inmuebles identificados para enajenar, pero solo pudo vender 15. Entre el MI y el Ministerio de Economía (MEF), agregó, se logró enajenar aproximadamente 20 propiedades.
La nueva agencia podrá administrar proyectos, transferir o disponer de bienes y asociarse con privados mediante sociedades comerciales, consorcios o fideicomisos. Para Sequeira, esas herramientas permitirán buscar nuevos usos para inmuebles deteriorados o que no resultan atractivos para una venta directa: “Tenemos bienes inmuebles que están deteriorados y que ni siquiera su enajenación es posible, porque no tenés un oferente en el sector privado que le pueda interesar ese inmueble”.
Como ejemplo, mencionó las posibilidades de recuperación y aprovechamiento que podría tener la estación de AFE. “No tiene por qué ser un destino único un bien inmueble”, dijo.
Las críticas de la oposición
La oposición cuestionó las amplias potestades previstas para la agencia. El diputado nacionalista Pablo Abdala la calificó como una “superinmobiliaria” y advirtió que sus facultades podrían derivar en una situación inconstitucional.
Sequeira respondió que los tres artículos aprobados en la Rendición de Cuentas establecen los lineamientos generales y los cometidos de la agencia, mientras que los detalles quedarán definidos en la reglamentación: “Recién tenemos los tres artículos votados y tenemos que aterrizarlo bastante más en la reglamentación”.
Según explicó, la normativa deberá establecer cómo se tasarán los inmuebles, cuáles serán los procedimientos para su enajenación y qué controles se aplicarán. Además, aseguró que cualquier venta requerirá una autorización explícita del Poder Ejecutivo: “Previa enajenación de un inmueble, tiene que haber una autorización explícita del Poder Ejecutivo”.
El directorio estará integrado por tres personas, designadas por el Poder Ejecutivo con participación del presidente y el Consejo de Ministros. Sequeira también afirmó que el MEF tendrá un control directo sobre la agencia y que el Tribunal de Cuentas participará en los controles correspondientes.
Sin impacto fiscal inmediato
El diputado reconoció que la agencia no generará ahorros significativos en el corto plazo. Antes será necesario completar el registro de inmuebles, relevar el gasto en alquileres, identificar las necesidades edilicias de los organismos y determinar qué propiedades pueden ser reutilizadas, transferidas o vendidas.
“Ni siquiera sabemos estrictamente qué cantidad de inmuebles tiene el Estado”, dijo. Por ese motivo, consideró que es imposible estimar cuánto dinero se podría ahorrar o cuánto se podría recaudar mediante la racionalización del patrimonio estatal.
También advirtió que el proceso llevará tiempo: “Todo esto va a llevar un proceso de maduración y no va a ser un resultado inmediato”. Y agregó: “Pensar que va a tener un impacto fiscal en lo inmediato o relevante en este período de gobierno es difícil”.
El objetivo, explicó, es construir una estructura que pueda mantenerse más allá de la actual administración: “La idea es dejar instalada de alguna forma una estructura que perdure en el tiempo y que logre destrabar todos estos cuellos de botella que tiene este tema”.
Desburocratizar el uso de los inmuebles
Ante las críticas de quienes consideran que la creación de la agencia implicará más burocracia, Sequeira sostuvo que el objetivo es el contrario.
“Es un razonamiento medio lineal pensar que porque creás una institucionalidad nueva es más burocracia”, dijo. Según explicó, el pasaje al ámbito del derecho público no estatal permitiría una gestión más flexible.
“Yo creo que ahí estás desburocratizando un montón, por más que estés creando una nueva institución”, agregó.
El diputado también descartó que se establezcan multas para los organismos que no completen la información sobre sus propiedades. En cambio, planteó que la solución podría consistir en asignar personal específico para esa tarea: “Si desde la agencia o desde Catastro se puede, en conjunto con ese organismo, poner una persona exclusivamente a realizar esa tarea, ahí sí podríamos destrabar un poco ese cuello de botella”.
El uso de inteligencia artificial
Consultado sobre la posibilidad de utilizar inteligencia artificial para acelerar el relevamiento, Sequeira consideró que puede ser una herramienta útil, aunque no suficiente: “Si en el sector público se puede usar para un montón de cosas, tenemos que incorporarlo”
Sin embargo, advirtió que la tecnología no puede sustituir el trabajo de búsqueda y revisión de los documentos físicos: “La inteligencia artificial no puede ir a los archivos del Estado a sacar cajas de expedientes y a buscar títulos y cargar esa información”.
Por eso, concluyó que será necesaria una combinación entre herramientas tecnológicas y trabajo presencial en los organismos públicos: “Esa sinergia que hay que tener con los organismos públicos es condición necesaria para que todo esto funcione”.
