El nuevo convenio colectivo de la industria de la construcción, firmado en agosto entre las gremiales empresariales y el SUNCA, establece una reducción gradual de la jornada laboral, que pasará de 44 a 40 horas semanales en 2030. El acuerdo también incluye ajustes salariales, nuevos beneficios sociales, mecanismos de flexibilidad horaria y una comisión destinada a estudiar la productividad del sector.
En una entrevista con Emiliano Cotelo en En Perspectiva, el presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, Alejandro Ruibal, y el presidente de la Coordinadora de la Industria de la Construcción del Este, Gustavo Robayna, defendieron el contenido del convenio y explicaron sus principales alcances.
El texto fue presentado por el SUNCA como un acuerdo histórico, especialmente por la reducción de la semana laboral sin pérdida salarial nominal. Del lado empresarial, en tanto, se lo considera un entendimiento de largo plazo que incorpora herramientas de modernización y flexibilidad para las empresas.
“Es un convenio moderno y disruptivo”, dijo Ruibal. Robayna lo definió como “un buen convenio que deja satisfecha a todas las partes”.
Un acuerdo de cinco años
El convenio fue negociado por las cuatro gremiales empresariales de la industria: la Cámara de la Construcción, la Coordinadora de la Industria de la Construcción del Este, la Asociación de Promotores Privados de la Construcción y la Liga de la Construcción del Uruguay.
Ruibal remarcó que ninguna de las organizaciones quedó fuera de la negociación.
“Participamos las cuatro gremiales de la industria”, explicó. “El acuerdo, el preacuerdo, lo firmamos los cuatro, negociamos los cuatro. No hay ninguna gremial que haya quedado afuera”.
Las instituciones representan a empresas constructoras, desarrolladores, subcontratistas y compañías de diferentes tamaños y especialidades.
Uno de los aspectos que valoraron los empresarios es la duración del convenio, que se extenderá por cinco años. Robayna sostuvo que ese plazo aporta estabilidad y previsibilidad, especialmente para los inversores extranjeros.
“Un convenio cinco años, una estabilidad que para el inversor, sobre todo inversor extranjero, sabe que tiene un convenio a cinco años, no es poca cosa”, señaló. “Las reglas de juego están claras, los números están claros”.
La negociación se produjo luego de un período de conflictividad. Según señalaron los entrevistados, el convenio anterior venció y transcurrieron 136 días hasta la firma del nuevo texto, aunque Robayna aclaró que una parte de ese período estuvo vinculada a la convocatoria del Ministerio de Trabajo y a las elecciones internas del SUNCA.
El presidente de la Coordinadora de la Industria de la Construcción del Este dijo que la negociación fue especialmente compleja en Maldonado, donde se registraron medidas como interrupciones en el hormigonado, ocupaciones y daños en obras, según su relato.
“Cuando hay cosas que pasan ciertos límites, y hablo de límites legales, ya las cosas pasan a otros lados”, dijo Robayna. A su entender, esas situaciones deterioraron la relación entre empresas y trabajadores y provocaron perjuicios económicos, especialmente en las empresas pequeñas.
“Las relaciones cuesta mucho generarlas. Cuesta mucho tiempo generar esa relación y romperla cuesta muy poco”, sostuvo.
Ruibal señaló que el nuevo convenio incluye una cláusula de paz por la cual, durante su vigencia, las partes se comprometen a canalizar las diferencias a través del diálogo, la conciliación y la negociación antes de promover medidas que afecten el normal desarrollo de la actividad.
“La letra es clara. Ese es el espíritu de lo que queremos que pase en estos cinco años”, dijo. “Queremos dar vuelta la hoja”.
La reducción de la jornada laboral
El punto más complejo de la negociación fue la reducción gradual de la semana laboral. La jornada, que actualmente es de 44 horas, llegará a 40 horas en 2030.
Ruibal recordó que la primera reacción empresarial ante el planteo del SUNCA había sido negativa.
“Un año antes de sentarnos a hablar de esto, cuando vino el SUNCA a plantear esto, la primera reacción nuestra fue: ‘Esto es una locura, no es momento de hablar de esto’”, relató.
Según explicó, inicialmente el sindicato propuso alcanzar las 40 horas en un período mucho más breve, pero la negociación avanzó hacia un esquema gradual de cinco años, acompañado por otras modificaciones en la organización del trabajo.
Entre esas medidas se encuentra la posibilidad de distribuir las horas de manera flexible durante la semana. Como ejemplo, Ruibal mencionó que en el futuro podría organizarse una semana de 44 horas y otra de 36, o concentrar la reducción en determinados días, de acuerdo con las características de cada obra.
“La flexibilización a la hora de repartir los horarios en la semana es muy importante para la organización del trabajo”, dijo.
Según explicó, se trata de una actividad que se desarrolla al aire libre, con obras que tienen diferentes ritmos, duraciones y condiciones. La lluvia, los traslados, la disponibilidad de materiales y la coordinación entre distintos oficios son algunos de los factores que inciden en la organización cotidiana.
Robayna señaló que la reducción de la jornada tiene un impacto sobre los costos, aunque cuestionó las estimaciones que proyectan aumentos elevados y automáticos.
“Si uno hace un número, dice: trabajo 44 horas por semana, paso a 40, hace el número y da nueve y pico”, explicó. Sin embargo, aclaró que ese impacto debe analizarse sobre la incidencia de la mano de obra en cada tipo de obra.
En una obra de edificación, dijo, la mano de obra puede representar entre 35% y 40% del costo, mientras que en otras actividades, como carreteras, puentes o montajes, la proporción puede ser menor.
“Cuando uno empieza a ponerle números a las cosas, esos 10%, 15% que aparecieron empiezan a desaparecer y se bajan con datos”, dijo.
Robayna también sostuvo que los incrementos salariales previstos para cada año no alcanzan por sí solos a compensar todo el efecto de la reducción horaria.
“Hay una parte que ya están absorbiendo los trabajadores”, dijo, en referencia a la forma gradual en que se instrumentará el cambio.
Ruibal, por su parte, distinguió entre costo y precio. Señaló que el precio final de una obra incluye, además de la mano de obra, otros componentes como materiales, gastos indirectos, intereses y ganancias.
“El precio lo pone el mercado al final de todo”, sostuvo. Por eso, advirtió que no se puede concluir que cada aumento de costos se traslada automáticamente al consumidor.
Productividad, tecnología y organización
La palabra productividad ocupó un lugar central en la defensa empresarial del convenio. Para Ruibal, el concepto no puede reducirse al rendimiento individual de los trabajadores.
“La productividad no es solo que los trabajadores rindan más”, dijo. “Hay muchas variables que hacen a la productividad”.
Entre ellas mencionó la planificación, la organización de la obra, la calidad de los proyectos, la logística, la disponibilidad de materiales, la prevención de accidentes, la formación de los mandos medios y el ambiente de trabajo.
“Si yo tengo un buen ambiente de trabajo, le doy buenos elementos a una obra, hago un buen procedimiento constructivo y una buena planificación, la productividad de ese centro de trabajo aumenta muchísimo”, dijo.
Robayna coincidió y diferenció productividad de producción.
“La producción no es productividad”, sostuvo. “La productividad es mucho más amplia”.
Según explicó, la productividad debe medirse a lo largo de todo el proceso, desde el diseño y la planificación hasta la ejecución y el mantenimiento de una obra.
Como ejemplo, mencionó los retrabajos que se generan cuando un proyecto tiene errores o cuando una instalación debe rehacerse. También destacó el uso de herramientas digitales como la tecnología BIM, que permite anticipar problemas, coordinar instalaciones y reducir la necesidad de romper o corregir elementos una vez terminada la obra.
“Muchas veces el ejemplo es un proyecto mal hecho. Ahí tenés un paso para mejorar la productividad antes de empezar la obra”, dijo.
Ruibal remarcó que los retrabajos representan un costo para las empresas y que la planificación permite evitarlos.
“La buena organización de la llegada de los materiales hace a la productividad del centro de trabajo”, dijo. “Que no tengas que estar esperando un material y te quedes sin hacer nada: eso es organización”.
La Comisión de Productividad
El convenio prevé la reinstalación de una Comisión de Productividad. La comisión ya fue presentada en el Ministerio de Trabajo y deberá definir su funcionamiento y sus objetivos.
Ruibal destacó que el sindicato haya participado en el lanzamiento de la comisión y que también haya planteado la posibilidad de crear un observatorio permanente.
“Lo primero es que se hable de productividad”, dijo. “Después hay que darle contenido y trabajar”.
La propuesta apunta a generar información y datos objetivos sobre la evolución del sector, con participación de trabajadores, empresarios y eventualmente instituciones académicas.
Entre las instituciones que podrían participar fueron mencionados el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, la UTU y las facultades de Arquitectura e Ingeniería.
“Si no tenemos transparencia y no reinstalamos la confianza entre los trabajadores y los empresarios, entre el SUNCA y las distintas cámaras, no vamos a poder construir un observatorio”, advirtió Ruibal.
Robayna sostuvo que la comisión no debería convertirse en un ámbito meramente declarativo.
“No es una comisión para hablar y juntarse muchas personas para hablar de algo”, dijo. “Es para bajar y tener números”.
El impacto de la tecnología sobre el empleo
Los empresarios también señalaron que la industria atraviesa un proceso de incorporación tecnológica que continuará en los próximos años.
Ruibal mencionó la expansión de las grúas, los sistemas de bombeo de hormigón, las herramientas inalámbricas y los robots que ya pueden realizar algunas tareas en las obras.
“Ya hay robots que esparcen el hormigón en los pisos”, señaló. “Obviamente, eso atenta contra la cantidad de trabajadores. Ese es el mundo del trabajo”.
Robayna sostuvo que las obras que antes requerían 150 personas pueden realizarse actualmente con 100. El desafío, dijo, es encontrar nuevas oportunidades laborales para los trabajadores desplazados por la tecnología.
“Esas 50 personas hay que volver a redistribuir”, dijo. “Una manera es producir más y tener más obras”.
Ruibal también vinculó este proceso con la necesidad de profesionalizar el sector. Dijo que se requieren trabajadores capacitados en el uso de herramientas, seguridad y trabajo en equipo, así como empresas con mejores niveles de gestión y planificación.
“Nosotros queremos obreros profesionales, que sepan usar las herramientas, que tengan formación en seguridad y buen manejo de las herramientas”, dijo.
Las pequeñas empresas
Ante una consulta de la audiencia sobre el posible impacto del convenio en las pequeñas empresas, Robayna negó que el acuerdo las perjudique específicamente.
“Este convenio no exige a las empresas chicas ni a las empresas grandes: exige para todos”, dijo.
Explicó que la construcción está integrada por empresas de muy distintos tamaños, incluyendo numerosas micro y pequeñas empresas, especialmente en departamentos como Maldonado.
Como ejemplo de una solución contemplada en el convenio, mencionó el día pago para que los trabajadores puedan realizarse estudios de próstata. Según explicó, el beneficio será financiado por los fondos sociales de la construcción y no directamente por cada empresa.
Ruibal sostuvo que las pequeñas empresas también pueden incorporar tecnología y especializarse en determinados segmentos.
“No es como antes, que cualquiera compraba una hormigonera, un trompo y un puntal y ya era empresa constructora”, dijo. La industria, agregó, tiene mayores exigencias en materia de seguridad, gestión y profesionalización.
Robayna agregó que los costos de la tecnología y de la maquinaria han disminuido, lo que facilita el acceso de pequeñas empresas y subcontratistas a herramientas que antes eran demasiado caras.
Competitividad e inversión
Robayna señaló que la construcción uruguaya no compite solamente entre empresas locales. También compite por atraer inversiones extranjeras frente a otros países.
“Nosotros competimos hacia afuera con los inversores”, dijo. “Si hay otras plazas más rentables, bajo las mismas condiciones, tenemos que ser eficientes para poder ser competitivos”.
Por esa razón, consideró necesario mejorar la eficiencia y reducir los costos asociados a la organización de las obras, la burocracia estatal y otros factores que inciden en la actividad.
Ruibal cuestionó las comparaciones directas con países como Paraguay o Perú. Dijo que Uruguay tiene una realidad social y laboral diferente, con menores niveles de informalidad, y que no se pueden trasladar automáticamente modelos de otros países.
“Quien quiera comparar una situación de Perú o Paraguay con Uruguay no conoce nuestro país”, dijo. “¿Podemos cambiar algunas cosas? Sí. ¿Podemos tener la competitividad de costos que tiene Paraguay? No”.
De todos modos, dijo que es necesario observar las experiencias internacionales y analizar qué medidas pueden adaptarse a la realidad local.
El objetivo, señaló, es avanzar hacia una industria más profesional, productiva y competitiva, con mejores niveles de formación, tecnología y organización.
Al cierre de la entrevista, Ruibal resumió la importancia que los empresarios le asignan a la nueva Comisión de Productividad: “Es un tema que no tiene mucha prensa, pero me parece que nos va la vida”.
