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Entrevista central, jueves 21 de diciembre: Jorge Basso

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RA —¿Cómo se va a instrumentar cuando se quiera hacer el cambio por un tema de disconformidad con el servicio? ¿En la práctica cómo se va a poder concretar?

JB —Reitero, esto ya está funcionando, no es muy conocido. Simplemente se requiere algún tipo de documentación, que puede ser variada, que permita identificar que se trata de un fenómeno real. Más allá de que puede parecer complejo, mensualmente tenemos unas 200, 300 situaciones de este tipo.

EC —Está bien, pero lo cierto es que se restringe la libertad. Había una opción en febrero de cambiarse por la sola voluntad del afiliado, ahora hay que pasar por este trámite y capaz que la respuesta es negativa. ¿Qué dice a propósito de esa preocupación?

JB —La preocupación existe. Hicimos un esfuerzo para ver si podíamos ajustar apostando a una especie de autorregulación. Llamamos a los prestadores, les dijimos “tenemos este problema –hable con cualquier prestador, saben que existe este problema–, ¿cómo podemos mejorar?”. Hemos trabajado todo este tiempo en busca de alternativas y se generó la clara convicción de que este procedimiento está contaminado, que no es posible minimizarlo. Por eso tomamos la decisión de cambiar el procedimiento, buscar un procedimiento distinto. Esto nos va a llevar cierto tiempo, por lo tanto esta es una medida transitoria, no es para siempre, es mientras se cambian los procedimientos para evitar que haya un intermediario entre la decisión del usuario, que cualquiera sea la razón quiera cambiarse, porque eso es un factor de principios, y el prestador.

EC —Se va a ir a un sistema que va a permitir que la gente que quiera cambiarse de mutualista se cambie, punto.

JB —Exactamente, ese es un principio.

EC —Se va a ir a un sistema así, pero no está disponible hoy. Se quiere inventar una tecnología, se ha hablado de recurrir a la informática, etcétera, para que ese cambio por la sola voluntad del usuario evite la intermediación financiera o reduzca el riesgo de la intermediación financiera.

JB —Me quedo con eso, porque cuando uno ve las informaciones internacionales sobre cómo los hackers se meten en la CIA o en el sistema financiero, ve que no existe nada 100 % sin riesgo. Pero sí, el convencimiento es que tenemos que cambiar el procedimiento, con este procedimiento no vamos a resolver el tema de fondo.

RA —En las mutualistas hay opiniones divididas, según las consultas que hizo la producción de En Perspectiva hay una división entre las gremiales empresariales. De un lado están las instituciones que se ven más perjudicadas por fugas de socios durante la apertura del corralito en febrero, que respaldan la decisión del ministerio. Por ejemplo, la Unión de la Mutualidad del Uruguay, integrada por la Asociación Española, Casa de Galicia y Gremca, que emitió un comunicado ayer respaldando la decisión del Poder Ejecutivo. Y del otro lado están las que sostienen que la decisión lesiona y limita la elección del usuario. Según explicaron las fuentes, estas mutualistas se prepararon durante el año para la apertura del corralito y sustentaron un departamento comercial para salir a buscar socios.

EC —El ministro se sonríe cuando escucha esta explicación que hace Romina. ¿Por qué?

JB —Porque todo es siempre más complejo. Ni las que hicieron una expresión pública han perdido socios en su totalidad… Compartimos el concepto general de que tenemos que encontrar un mecanismo, hoy existen elementos para encontrar un mecanismo, no es más de lo mismo, requiere repensar. Hoy tenemos un Gobierno electrónico instalado, hay muchos procedimientos a los que los ciudadanos pueden acceder, solos o con ayuda, porque hay generaciones que no están muy familiarizadas con la tecnología. Y se requiere una declaración jurada, este también es un factor muy importante, porque el usuario tiene que ser responsable. Más allá de que un actor lo inste a cometer un delito, parece razonable que el usuario tome conciencia de que ese procedimiento al menos no es correcto. Eso implica una declaración jurada, que significa que la persona asume una cuota parte de responsabilidad.

RA —El SMU también manifestó su posición en contra de la decisión del MSP. Planteó que la medida debió ser tomada por ley y no por decreto. ¿Qué responde a ese argumento?

JB —El Área Jurídica del ministerio está preparando la normativa correspondiente para cumplir con todas las de la ley. Va a ser un decreto, porque el procedimiento que va a los detalles tiene que ver con reglamentaciones.

RA —El comunicado del SMU también menciona que “la eliminación de la ventana de febrero de la movilidad regulada castiga a las instituciones prestadoras que mejor gestionan y puede premiar a aquellas que lo hacen mal”. ¿Qué contesta a este argumento?

JB —Es lo mismo, en definitiva uno no puede asegurar que todas las instituciones que crecieron necesariamente lo hicieron porque los usuarios identificaron una buena calidad de atención. Ahí tenemos un debe, y lo asumimos como tal, de tener cada vez más información y más potente sobre algunos indicadores de calidad de atención. Hemos hecho alguna cosa, hemos hecho múltiples encuentros con la academia –hay todo un debate a nivel mundial de cómo medir la calidad de atención–, y tomamos algunas decisiones que se están instrumentando. Vamos a un escenario en el cual va a haber un ranking, que supongo que va a tener mucha más fuerza que la promoción que se pueda hacer, porque nadie va a querer estar debajo de los primeros lugares.

EC —¿Cuándo va a estar disponible ese ranking?

JB —Estamos trabajando, es parte del plan estratégico del ministerio tener un sistema de información potente, porque no se puede gestionar nada sin información, pero en salud es imposible. Hay una frase que siempre decimos: no se puede gestionar a balance terminado. Hoy estamos con la Historia Clínica Nacional en proceso, que es una herramienta fantástica, porque las auditorías de calidad se hacen con historias clínicas. La letra los médicos en general y del resto del personal es bastante inteligible, entonces esta herramienta nos va a permitir auditar, controlar gastos, identificar algunos estándares para poder dar más información y de más calidad para que el usuario tenga más elementos, que tendrá en cuenta o no, pero nuestra obligación es ponerlos a disposición.

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